Magdalena Álvarez llega a los Juzgados este martes

El mecanismo empleado para financiar las ayudas del caso ERE que han sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía era ilegal, es decir, se usó «en contra de lo que la ley dice».

Con esta rotundidad se ha expresado este martes en el juicio del caso ERE Ángel Turrión, que junto a Jesús Ruiz Ayúcar de Merlo (eximido de presentarse en el juicio por indisposición médica), Rosa María Hernández Antón y Eduardo Villaseca Sánchez fueron los peritos de la Intervención General del Estado que elaboraron hasta 275 informes por encargo judicial sobre el sistema de ayudas de los ERE que cuestionaban el uso de las transferencias de financiación, el mecanismo utilizado para financiar las ayudas. Los otros seis peritos que elaboraron dictámenes a propuesta de las defensas, que también están declarando en el juicio, no comparten este planteamiento.

Sus dictámenes son determinantes en el proceso para la acusación de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que comparten el banquillo, entre ellos los exmandatarios socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la primera pieza de la macrocausa que se juzga en la Audiencia de Sevilla y que se centra en el procedimiento específico por el que se repartieron 855 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y prejubilados entre 2000 y 2010.

La declaración de este perito del Estado, que hablaba por boca también de sus otros tres compañeros firmantes de los dictámenes, ha caído como una jarra de agua fría entre algunas defensas, toda vez que sitúa el origen de las ilegalidades en la «indebida» clasificación económica del gasto empleado en las ayudas, lo que supone un torpedo en la línea de defensa de los ex altos cargos de todas las consejerías implicadas, Empleo, Innovación y Hacienda, y por ende, apunta al Consejo de Gobierno que aprobaba los presupuestos con la cuestionada clasificación.

A preguntas del fiscal Manuel Fernández Guerra, Turrión, con más de 40 años de experiencia como interventor, ha ratificado cada uno de sus 275 informes conjuntos que suman 3.899 páginas y 22.858 más en anexos. En relación a la triple clasificación que tienen los créditos en cada presupuesto, ha afirmado con rotundidad que la clasificación económica del programa 31L que daba cobertura presupuestaria a las ayudas que se juzgan se usó «indebidamente e ilegalmente» porque se realizó «en contra de lo que la ley dice y todo aquello que se hace en contra de la ley es ilegal».

El perito del Estado se refirió de este modo al uso de transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para pagar las ayudas a traves del dinero que enviaba a la agencia IFA/IDEA, otro ente externo de la Junta. A juicio de los peritos designados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, estas transferencias impidieron el control del dinero por parte de la Intervención de la Consejería de Empleo.

Turrión agregó que esa clasificación es «absolumente vinculante» porque todo gasto requiere un crédito adecuado y «será nulo de pleno derecho» cualquier acto administrativo que incumpla esa norma.

Esta afirmación categórica del licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid ha tenido una réplica por parte de otro perito que elaboró un contrainforme a propuesta de Griñán, Juan Zornoza, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Carlos III de Madrid. Zornoza ha puntualizado que la clasificación económica «nos dice la naturaleza económica del gasto, pero no determina su finalidad».

Terminadas las declaraciones de los 120 testigos, el juicio ha entrado este martes en una nueva y decisiva fase con la declaración de nueve peritos. Los tres citados fueron propuestos por la Fiscalía, acusaciones y las defensas de los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y exviceconsejeros José Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román.

Otros expertos han sido propuestos por las defensas. Son los casos de Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez, autores del contrainforme encargado por el expresidente José Antonio Griñán para rebatir las conclusiones de los peritos de la Intervención General del Estado.

Por su parte, el perito Juan Ramallo Massanet ha sido propuesto por seis de las defensas de los ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación en esta pieza política, mientras José Ignacio López González ha sido citado a petición de la defensa del exconsejero Antonio Fernández y la defensa de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo ha propuesto la pericial de Juan Antonio Carillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera.