AD.- Españoles: Los que se declaran enemigos, sin que yo los tuviera nunca como tales, han dejado al descubierto su abominable naturaleza revanchista. La pretensión del Gobierno socialista de exhumar mis restos del Valle de los Caídos, arroja muchas dudas sobre el estado mental y moral de los que os gobiernan. Ya os advertí en mi testamento que los enemigos de España y de la civilización cristiana estarían alerta, algo que los acontecimientos de estos últimos meses, por desgracia, han corroborado ampliamente.

No voy a disculparme ante ellos de que la España que me tocó gobernar fuese un país civilizado y un remanso de paz comparado con la de ahora. Hace falta estar cegados por las malas pasiones partidistas de los que por vocación y costumbre siempre reemplazan la verdad que percibe los sentidos por la ideología y sus mantras políticos.

España es hoy un inmenso estercolero. Eso es un clamor que millones de españoles no pueden callar. Y eso no era así hace pocas décadas. Hemos bajado a los infiernos en menos de lo que tarda un niño en convertirse en hombre.

Pretende exhumar mis restos el Gobierno de un partido que lleva en sus siglas la palabra “Obrero”. No aspiro a que reconozcan nunca, como ya ha sido apuntado, que en el ámbito laboral mantuviésemos una legislación protectora del obrero que luego ha sido minuciosamente desmantelada por los sucesivos gobiernos de la etapa democrática. Fue tanta la falta de respuesta política, que pude dedicar especial atención al bienestar material de mis gobernados. Así se explica, por ejemplo, que desde 1960 a 1970, la renta per cápita de los españoles pasase de 290 a 900 dólares, y que la economía nacional creciese a una media del 8 por ciento anual, hasta convertir a España en la novena potencia industrial del mundo. A mi muerte, la distribución de la población activa era la propia de una economía sana y pujante (mucho más sana y pujante que la actual): un tercio dedicado a la agricultura y ganadería, un tercio a la industria y un tercio a los servicios.

Con el esfuerzo de todos los españoles logramos la formación de unas nuevas clases medias con trabajos estables y bien remunerados.

Es importante aclararos que nunca mostré deseos de ser enterrado en el Valle de los Caídos; es más, compré un panteón familiar en el cementerio de El Pardo, muestra de mi última voluntad. Los que hoy pretenden profanar mis restos no buscan justicia ni cerrar heridas. Si tal cosa pretendieran habrían comenzado por reconocer sus muchos y sangrientos errores. Me acusan por ejemplo de ordenar los fusilamientos de terroristas de ETA en las postrimerías de mi mandato. Aquellos terroristas tuvieron un juicio justo y fueron condenados a la pena capital, por sus terribles crímenes, de acuerdo a las leyes vigentes. Es notablemente paradójico que me acusen los miembros del mismo partido al que pertenecían los que ordenaron las ejecuciones sumarísimas contra sospechosos de pertenecer a esa misma banda terrorista, en la década de los 80, sin juicios previos ni garantías procesales. La cuestión de fondo es que no han digerido que muriese en la cama tras 38 años de mandato, lo que oculta un resentimiento aún más destructivo: haber perdido la guerra que ellos mismos provocaron. Volver a librarla y ganarla es su mayor sueño. Como es físicamente imposible, se contentan con exhumar mi cadáver. Si pudieran, lo quemarían. Tienen que contentarse con sacarlo de donde está.

Si en ellos el honor y la decencia pudiesen encontrar albergue, les pediría entonces que se atuviesen al principio bíblico de dejar en paz a los muertos. Pero no concibo esperanza alguna. Son los herederos del mismo odio que anegó la convivencia de los españoles en la década de los años 30 del pasado siglo. Llegado a este punto, es preciso recordar a los representantes de la Iglesia, por la que tantos sacrificios hicimos, hechos y episodios que la conveniencia política del momento parece obligarles a olvidar. Miles de creyentes fueron asesinados por el simple hecho de sus creencias. Otros tanto fueron torturados. Sobre los creyentes católicos recayó el peso de los expedientes más simples, a base de sentencias improvisadas y fusilamientos inmediatos. La prensa oficial nunca nos contará historias de las terribles sacas de la cárcel Modelo, de Porlier o de San Antón, de Madrid, o de las sacas de Barbastro, de la cárcel de Lérida, o de Málaga, o de Bilbao, donde decidía la suerte de los creyentes un trágico juego de azar o el sadismo de los milicianos.

Esto en los mejores casos porque ocurría no rara vez la incitación por la autoridad republicana a organizar poco menos que una cacería de clérigos. La clave del odio a la Iglesia estuvo en la acusación, hábilmente adobada por la prensa de izquierda, de que el clero y sus adictos eran los culpables de todos los males que venían pesando inveteradamente sobre las masas humildes. Basta acudir a las hemerotecas y ver la prensa anticlerical en las fechas posteriores al 14 de abril de 1931, y sobre todo, a partir del 18 de julio de 1936. Es curioso que especies tan burdas como el supuesto enterramiento en iglesias y cementerios conventuales de supuestas víctimas de la crueldad de sus moradores, dieran pie a desenterramientos macabros por todos los puntos de la geografía republicana.

En la prensa de Madrid podía leerse, casi a diario, aparatosos relatos de las requisas efectuadas en palacios episcopales y casas religiosas, con hallazgos de millones en cifras casi astronómicas. A las Hermanitas de los Pobres, por ejemplo, se les daba por descubiertos nada menos que 200 millones de pesetas, entre títulos de propiedad y cuentas corrientes. No mejor parado salió aquel episcopado español, que había tenido que acudir a cuestaciones y ahorros angustiosos para sostener a su clero en los años republicanos. Según cifras de la ‘democrática’ prensa de la época, al obispo de Madrid le habían sido hallados 18 millones de pesetas, y 12 al de Tarragona, ocultaba 31 el de Tortosa, 10 el de Badajoz, 20 el de Gerona, y así otras personas físicas o moralmente pertenecientes de algún modo al ámbito eclesiástico. Había que dar soporte moral a las matanzas. ¡Y bien que lo hicieron personajes del bando socialista!

La monótona repetición en todos los casos de idénticos detalles, lo mismo en el terreno del acaparamiento que en el de los abortos sacrílegos, prueba que los exportadores de este material informativo apenas se cuidaban de enriquecer con adornos de su propia cosecha la especie prefabricada de la consigna oficial. ¡Ese es el pobre concepto que tenían y tienen de su clientela!

Claro que ninguno de esos bulos propalados es comparable al de los caramelos envenenados, e incluso la prensa republicana llegó a acusar formalmente a un religioso de envenenar con tabaco a los soldados; o a toda una comunidad de querer arrojar sobre la población civil una piedra enorme desde el campanario.

Políticos republicanos sublimados hoy como ursulinas, gracias a la manipulación histórica y a la cooperación de la derecha liberal, dictaron disposiciones oficiales y vertieron litros y litros de gasolina sobre parroquias y conventos. El respaldo legal para detener curas y apropiarse de los bienes eclesiásticos supuso dar carta blanca para todos los desmanes de la época. Salvo algunas entregas de bienes artísticos a la sospechosa custodia de los milicianos o del gobierno de Madrid, lo demás caía de lleno en los fueros de la rapiña o del incendio. Prevalecieron los métodos expeditivos, en los que los incontrolados pudieron sacar a su antojo los instintos de destrucción en iglesias, imágenes, casas religiosas y cuanto tuviese un tinte más o menos aproximado de objeto sagrado. Y lo peor es que no faltó la legalidad de estas tropelías, que respondieron en multitud de casos a disposiciones del municipio o de los comités. Las alcaldías republicanas cuidaban de acordar en el pleno municipal la demolición de la iglesia o de los monumentos religiosos, y hasta señalaban puntualmente el sitio donde se había de hacer la hoguera pública para la quema de imágenes y objetos sagrados.

Sería interminable la lista de localidades republicanas donde quedaron pruebas documentales de estos autos de fe al revés. A la hora de hacer balance total de las destrucciones, fue más fácil contar con los dedos de la mano los edificios o enseres religiosos que escaparon al exterminio.

¿Por qué en Ciudad Real, Valencia, Jaén, Lérida y la mayor parte de las ciudades donde el alzamiento no llegó siquiera a brotar fueron asesinados tantos sacerdotes y destruidos tantos templos? ¿Qué metralla habían disparado las imágenes de santos, cuadros, reliquias y estampas que ardían en las plazas públicas? ¿Qué delitos militares pesaban sobre las monjas fusiladas? ¿Por qué no se ha llevado al cine siquiera una sola de estas trágicas historias?

Sobre este clima se presentaba al clero como asesino del pueblo desde las iglesias convertidas en fortalezas, y señalaban cada recinto eclesiástico como arsenal de armamento y nido de facciosos. Fue éste el más socorrido recurso que manejaron en su defensa los responsables de la zona republicana, cuando vieron que la desolación producida por sus huestes pedía a voces una justificación ante la opinión extranjera. Un grupo de observadores franceses, cuando todavía operaba en el país vecino una eficaz propaganda del gobierno de Madrid, dedicó largas páginas a probar lo evidente: que el asesinato de los sacerdotes acaeció en la mayoría de los lugares controlados por los republicanos. Y ni siquiera pudieron urdir un proceso en forma para algunas de las iglesias que decían servir de reducto faccioso.

La desolación producida por las milicias republicanas obligaron a los políticos a dar alguna explicación ante la atónita opinión extranjera. El 5 de octubre de 1936, las Juventudes Socialistas de España, organización a la que pertenecían esas 13 rosas llevadas al cine por Fernando Martínez Lázaro, sostenían en la prensa una descarada incitación al crimen: “el Gobierno confirmó que casi todas las iglesias se habían convertido en fortificaciones; que casi todas las sacristías se habían convertido en depósitos de municiones, y la mayoría de los párrocos, curas y seminaristas en francotiradores de la rebelión. ¿Qué se le puede exigir al gobierno ante estas anomalías?”

Solidaridad Obrera, el 30 de julio de 1936, bajo el título “La pasión exacerbada tiene la palabra”, escribió un ‘pacífico’ alegato en favor de la convivencia y de la paz: “Que sea el tribunal del pueblo quien, a plena luz, con plena responsabilidad, depure lo que la depuración necesita. Y si ha de caer sangre, hay que matar, que todos vean y comprendan que tales muertes las necesita la laboriosidad del pueblo laborioso”.

Por lo tanto, tras el dato global de estas matanzas, de las que la Iglesia, en sus ministros y en sus fieles, fue la primera víctima, surgen estas preguntas: ¿quién condenaba? ¿con qué ley? ¿qué motivos alegaban? ¿Extraña pues, a la luz de estos hechos, que tenga que ser la sociedad civil la que honre hoy a esas inocentes víctimas, mientras los cabecillas del clero y de la derecha liberal prefieren ignorar estos hechos y mantener el enfoque unidireccional de una guerra provocada por los mismos personajes que siguen azuzando hoy las más bajas pasiones de mucha de la chusma que los vota?

Según la Constitución, en su artículo 62, le corresponde al Rey «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros», por lo que si la estrategia de Sánchez de hacer un decreto ley por el que se modifican dos artículos de la ley de Memoria histórica para blindar su propuesta de desenterrarme prospera, Felipe VI se vería en la tesitura de refrendar la salida de mis restos del Valle de los Caídos. No tengo dudas de que Felipe VI no planteará ningún conflicto a los herederos políticos de los que echaron del Trono a su bisabuelo. José Antonio Girón, un monumento a la lealtad, ya me previno duramente contra los “Bribones”. Siempre desautoricé sus palabras, que hoy no juzgaría de forma tan severa.

¿Sería hoy Rey Don Felipe si yo no lo hubiese dispuesto? Más allá de lo probable diría que no. Lamento tener que remover hechos que la amnesia os aconsejó ignorar durante años, pero se diría que los Borbones no tienen memoria histórica, que representan a una institución huérfana de pasado. Debe ser la única en el mundo que no bebe ni se nutre de la tradición ni de la herencia. Cabría pensar que la Monarquía de Alfonso XIII -muerto en la Roma beligerante de Mussolini en 1941- se mantuvo ajena a la guerra y sin vinculación con ninguno de los contendientes.

Para echar por tierra esta tergiversación bastarían las declaraciones del propio Rey exiliado, los intentos del heredero por entrar en combate, a los que yo siempre me opuse, la ubicación inequívoca de los monárquicos en el bando nacional, sus victimario y su influencia.

En julio de 1969 las Cortes aprobaban, con la obediencia debida, al padre de Don Felipe como mi sucesor “a título” de Rey. A las siete de la tarde del 23 de julio de 1969, el nuevo Príncipe heredero introdujo su juramento con estas palabras: “Estoy profundamente emocionado por la gran confianza que ha depositado en mí Su Excelencia el Jefe del Estado…Formado en la España surgida el 18 de julio, he conocido paso a paso las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mando magistral del Generalísimo…”

Luego, el padre de Don Felipe juró tres cosas, por este orden; primero, lealtad a Franco, segundo, fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y tercero, a las Leyes Fundamentales del Reino. A continuación pronunció lo que sigue: “Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936… Mi general: a pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los Principios y Leyes que acabo de jurar”. Fui yo quién decidí quién me sucedería y bajo qué cláusulas. Que Don Felipe lo tenga en cuenta si se viera obligado a ratificar con su firma la profanación de mis restos.

Mientras Napoleón, Lenin, Ataturk, Mao y el Tío Ho siguen en sus mausoleos, la izquierda cainita de siempre tiene una visión patrimonialista y sesgada de nuestra historia. Ayudada por sus medios de comunicación, pretende exorcizar la pesadilla de su fracaso democrático desposeyendo a los españoles de la reparadora referencia de mi régimen. Que no lo haya conseguido, pese a convertirme durante lustros en el personaje de nuestra historia más difamado y calumniado, tal vez sea el mayor elogio que pueda recibir hoy. De ahí que deba insistir en una cuestión nuclear: no son sólo mis restos lo que quieren profanar, sino esa España unida, grande y libre que construimos. Esa España era mucho más libre y mucho más alegre que esta España oscura y triste, sin referencias morales, llena de trepas y ladrones campando a sus anchas por las instituciones, de inmigrantes ilegales, de sediciosos, de degenerados, de familias rotas, de hombres sin honor, de mujeres sin corazón, de regiones enfrentadas, de traidores a las órdenes de una élite oligárquica y apátrida. Aquella era una España de gente decente; esta es una España de gentuza. Aquella era una España que producía orgullo; esta España produce vergüenza.

Aquella España de progreso e ilusión fue la obra de millones de españoles, a los que aquí, agradecido, rubrico este elogio merecido. Si dejáis que profanen mis restos, estaréis también dejando que profanen la razón de que esos españoles hayan existido.