Imagen de archivo de un agente de la Benemérita durante una operación policial

Al teniente responsable de la unidad ECO Galicia de la Guardia Civil —el equipo que persigue el crimen organizado—, algo empezó a olerle mal cuando, en enero de 2013, un confidente les hace llegar que ha visto con sus propios ojos un informe de vigilancia a un individuo en el puerto de Vigo. Ese documento era, como el resto de los datos que manejan los ECO, confidencial, y lo último que cabía esperar es que los investigados supieran que estaban siendo vigilados. Los peores presagios del teniente se disparan conforme varios sospechosos de investigaciones en curso contra el narcotráfico empiezan a cambiar de actitud y comportamientos, alterando sus rutinas, sustituyendo teléfonos móviles o vehículos por otros nuevos. Y la gota que colmó el vaso fueron las seis operaciones en curso que vieron alterada (cuando no dinamitadas) su instrucción por las fugas de información.

Lo que nunca pudo sospechar el teniente del ECO Galicia es que el responsable de robar información confidencial de sus investigaciones era uno de los suyos. Y que el encargado de hacerla llegar al entorno de los narcos era otro agente. Uno y otro, los agentes López y Fontán, fueron condenados la semana pasada por la Audiencia de Pontevedra a más de tres años de prisión por un delito de revelación de secretos, esquivando la petición inicial del fiscal para que afrontaran también cargos por integración en banda criminal, encubrimiento y un delito continuado contra la intimidad. El tercero de los condenados, un viejo conocido de la Guardia Civil, era quien recibía el material clasificado de Fontán y, por su parte, la trasladaba a los investigados. Su pena es de más de dos años de cárcel.

Detectar el origen de las filtraciones no fue fácil. El teniente del ECO Galicia puso en conocimiento sus sospechas a sus superiores orgánicos en Madrid, y entre todos pusieron en marcha una trampa para que cayera en ella el soplón. Primero, cambiaron las contraseñas de los equipos informáticos. Acto seguido, lanzaron en un grupo de whatsapp interno una referencia a una «operación Alumino», una acción falsa, que buscaba poner en alerta al chivato para que, como había venido haciendo, sustrajera la información relativa a la misma.

Pendrive sospechoso

Pero si algo delató al agente López, integrante del ECO Galicia desde 2007, fue que sus compañeros lo vieran en un ordenador que no era el suyo «extrayendo un pendrive repentinamente», en cuyo interior constaban todas las diligencias previas de una operación en marcha desde un juzgado de Vilagarcía de Arousa, según recoge la sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso ABC. A partir de ese momento se convirtió en el principal sospechoso, y lo que sus compañeros fueron descubriendo conforme avanzaba la investigación lo incriminaba cada vez más.

En distintos equipos y dispositivos informáticos del agente López, los investigadores encontraron los listados de «fuentes vivas» —confidentes— de la unidad, con datos como sus nombres, profesiones y fotografías; archivos con los datos «de carácter personal y reservado como las fichas personales de los miembros» del ECO o los modelos y matrículas de los vehículos camuflados encargados de hacer seguimientos a sospechosos. Todo esto, sumado a las diligencias e información concreta de las operaciones «Azúcar Amargo», «Vitriolo», «Jaula» o «Vitamina», además de otras investigaciones en fase preliminar.

El modus operandi era siempre el mismo. López extraía de manera extraoficial toda esta información valiéndose de su pertenencia al ECO Galicia y se la entregaba al agente Fontán, un viejo amigo que había pertenecido en el pasado a la unidad pero que ahora estaba adscrito al equipo de Patrimonio de la Policía Judicial. Este, a su vez se la hacía llegar «a personas que guardaban relación más o menos directa con el narcotráfico, entre ellos Juan Carlos Santórum Navazas, el tercero de los condenados, un individuo con 18 teléfonos móviles en uso cuando fue detenido.

Las filtraciones, sentencia el tribunal, «no se limitaban a un documento específico o persona sino a información prácticamente completa de todas las diligencias practicadas». Y todo ello, sin que «conste un beneficio económico» para los dos agentes condenados.

Esta extraña articulación de las filtraciones llevó a la Audiencia a considerar que los tres condenados no actuaban de manera coordinada, lo que desmontó la acusación de pertenencia a grupo criminal que defendía la Fiscalía. Para los magistrados se trata de un escenario de «codelincuencia». Para el ECO Galicia, ahora es un alivio poder volver a hacer su trabajo sin la sombra de la traición sobrevolando.