Foto de archivo de Junqueras y Puigdemont en el Parlamento catalán.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha otorgado un plazo de dos días a los catorce antiguos miembros del Govern procesados para que abonen la fianza impuesta de 2,1 millones de euros. El magistrado impuso esta cuantía como responsabilidad civil por el supuesto dinero público empleado para sufragar el referéndum independentista ilegal, a lo que se añade un tercio que suma la ley para garantizar el futuro cumplimiento de esta responsabilidad.

En el caso de que no abonen esta fianza, impuesta en el auto de procesamiento, que ya es firme, el juez anuncia que se procederá al embargo de bienes en la cantidad necesaria para cubrir el pago. Los catorce antiguos gobernantes catalanes encausados por empujar hacia la secesión por las vías ilegales responden de forma solidaria frente a este pago. Llarena les emplaza a pagar en una providencia.

Los catorce procesados que deben abonar la cantidad son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Jospe Rull, Lluís Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret, todos ellos encausados por el «procés».

El magistrado ha esperado a la confirmación del procesamiento, que había sido recurrido por los investigados, para reclamar el pago. La Sala de Apelaciones, tres jueces de la Sala de lo Penal del Supremo encargados de revisar las decisiones de Llarena, confirmaron el auto de procesamiento, el miércoles pasado y avalaron todas las tesis del juez instructor. Los magistrados consideraron que el debate sobre el empleo o de violencia en el proceso independentista ilegal, la clave para apreciar el delito de rebelión, debe resolverse en el juicio oral, la hora de la verdad, una vista que se prevé para final de año.

Nueve de los antiguos catorce miembros del Govern que deben abonar la fianza están procesados por el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa, que castiga con hasta veinticinco años de prisión a aquellos que protagonicen un alzamiento violento para declarar la independencia de un parte del territorio nacional. También les atribuyen un delito de malversación, por destinar dinero público al fin ilegal del proceso independentista.

La investigación contra el «procés» encara sus últimos pasos, después de la confirmación del procesamiento, que ha avalado las tesis del juez Llarena. Una vez que se supere la fase intermedia, la preparación del juicio, las partes deberán presentar sus escritos de acusación y defensa, calificando los hechos. El instructor, siempre en fase indiciaria, lo tiene claro y acusa a los líderes secesionistas de alentar una insurreción para alcanzar la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado.