Un sanitario abre la puerta de una ambulancia.

A partir de ahora, además de un tremendo susto y un ingreso hospitalario –con un más que probable paso por la uci–, a un joven zaragozano al que le diagnosticaron epilepsia en 2011 cada crisis convulsiva podría costarle cerca de mil euros. Porque esa es la cantidad que le reclaman los dos policías nacionales a los que golpeó de forma completamente inconsciente cuando trataban de inmovilizarlo en la camilla durante uno de sus últimos ataques.

Los especialistas médicos y los forenses coinciden en que cuando le sobreviene una crisis, como le sucede a tantos otros epilépticos, Javier C. B., de 21 años, “queda a merced de impulsos psicopatológicos, completamente fuera de control”. Sin embargo, el informe que presentaron los funcionarios del Cuerpo Nacional le ha supuesto ser acusado por la Fiscalía de un delito de atentado y otro de lesiones.

Pese a que estos delitos se castigan con penas de cárcel, el enfermo no corre el riesgo de acabar entre rejas, porque la acusación pública ha entendido que en este caso concurre la eximente completa de enajenación mental. En cualquier caso, la Fiscalía propondrá al tribunal que le imponga la obligación de seguir tratamiento médico psiquiátrico externo durante un año con el médico que ya le venía tratando.

Tres crisis consecutivas

Para la defensa, a cargo de Enrique Esteban Pendas, “nadie podría entender que sufrir una enfermedad a este chico le costara la cárcel”. Máxime, apunta el abogado, cuando las tres crisis consecutivas que sufrió aquel día le causaron tal cuadro de confusión y agitación que ni siquiera recuerda lo sucedido. “Ha quedado claro para todos que este chico tenía completamente abolida su voluntad, y aún así se va a ver obligado a indemnizar a los agentes.

Según el letrado, dadas las especiales circunstancias del caso, este tendría que haber sido archivado en la vía penal. “Si los policías querían reclamar un dinero por esto, podrían haberlo hecho por la vía civil”, explica.

Los hechos que van a llevar al banquillo a este enfermo se produjeron el 7 de diciembre de 2017 en Zaragoza. Sobre las cuatro, Javier C. B. se encontraba en casa de su novia cuando empezó a convulsionar. La chica avisó enseguida a los padres del joven, pero al no poderse hacerse con él acabaron solicitando los servicios de la ambulancia de los Bomberos. Según la Fiscalía, “dada la agresividad” del chico, hasta allí tuvo que desplazarse también una patrulla de la Policía, que terminó engrilletando al paciente y colocándole unos lazos policiales en los tobillos.

Los agentes fueron a urgencias

Los agentes aseguran que se vieron obligados a inmovilizar de esta manera al chico porque estaba muy violento y no dejaba de soltar patadas. De hecho, ambos encajaron golpes y tuvieron que pasar después por urgencias para ser reconocidos. Ninguno fue retirado del servicio, pero el parte médico indica que tardaron ocho días en curar. Los policías explicaron en su informe que un bombero también recibió una patata y sufrió un corte en el labio, pero no consta que este reclame nada.

La novia y los padres del joven no entienden cómo un enfermo que no es consciente de sus actos puede acabar acusado. Pero cuando declararon en comisaría dejaron claro que, para ellos, los policías nacionales se excedieron. Y así se lo transmitieron a ellos mismos cuando volvieron a coincidir en la sala de urgencias del hospital. Es más, el abogado de la familia no descarta que la patrulla diera parte de las lesiones “para contrarrestar una posible denuncia”.

Pero lo cierto es que los padres del joven no pasaron de las palabras y nunca denunciaron a los policías. En cuanto a su paso por el hospital y la citada comparecencia de los agentes, desde la Jefatura Superior de Policía explican que es el procedimiento habitual y que lamentablemente muchos compañeros resultan lesionados en este tipo de asistencias. Lo de renunciar o no a las indemnizaciones dadas la naturaleza de los hechos, dicen, es ya una cuestión personal.