Carmen Montón

José L. Román.- Una de los objetivos prioritarios de la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, es la aprobación de un decreto que devuelva la atención sanitaria a los inmigrantes. Dice además que el Gobierno dejará “bien claro que la salud es un derecho” y que no admite “exclusión sanitaria por razón de procedencia, origen o situación administrativa”. Y añade: “Estamos hablando de decencia, y un Gobierno decente no deja a nadie atrás, y una sociedad decente y solidaria como la española tampoco quiere tener una exclusión sanitaria”.

A esta señora, cuyo alarde de insensatez e irresponsabilidad hacen temblar el misterio, yo le preguntaría, ¿cómo que un gobierno decente? ¿Acaso es decencia democrática haber llegado al poder sin consultar primero a los ciudadanos? ¿Quiere decir usted en sus declaraciones que llamaría indecentes e insolidarios a los ciudadanos españoles que consideren que la Sanidad pública debe satisfacer primero las necesidades de los ciudadanos españoles por encima de los que vienen de fuera y que son rechazados por países de la misma Unión Europea? ¿Llama usted indecentes a los que rechazan su demagógica medida por considerar que es una medida a todas luces inviable en un país con casi cinco millones de desempleados, que podría conducir a los españoles al colapso, al desastre y a la miseria?

Esta señora, como muchas otras del mismo linaje o ralea, no viene de la empresa privada; ni de trabajar como empleada por cuenta ajena realizando un trabajo en cualquier ramo de producción; ni de desempeñar una profesión como autónoma; ni tan siquiera de la función pública por haber superado unas oposiciones, no. Esta señora viene de otro pesebre; viene de dirigir la sanidad pública de la Comunidad Valenciana y de formar parte de un gobierno regional que, para quien no lo sepa, es un gobierno que también alcanzó la poltrona sin haber ganado unos comicios. De ahí que se exhiba como “buen samaritano” con el dinero que sale de las costillas de los demás.

Dirigir la Sanidad de una región sin haber tan siquiera gestionado un quiosco de pipas propio, no creo que sea mérito suficiente –salvo que pertenezcas a una organización sectaria-, para ser catapultada por capricho de un incapaz a dirigir, nada más y nada menos, que la Sanidad pública de una nación con 47 millones de habitantes. Entrar por la puerta de un ministerio como el de Sanidad, diciendo que piensa aprobar un decreto para que ningún inmigrante ilegal sea privado de servicios sanitarios gratuitos, es un signo evidente de por dónde irán los tiros del gobierno que la ha nombrado, y del partido político al que ambos pertenecen.

Aquí lo que importa es abrir las fronteras de par en par para que entren todos los inmigrantes rechazados por el resto de países europeos, para que vivan a costa del sudor, el trabajo y el sacrificio de los contribuyentes españoles, aunque para ello tengamos que ser exprimidos todavía más sin tan siquiera ejercer el derecho de pronunciarnos en las urnas.

¡Que no les falte de nada! Esa es la consigna de socialistas, comunistas y separatistas. Y si esos inmigrantes ilegales son de religión islámica con costumbres antagónicas a las nuestras, muchísimo mejor. Objetivo final: destruir España como nación.

Estos vividores de la política, trabajar lo que se dice trabajar, poco, pero defender la democracia con el único fin de llegar a la ubre del Tesoro Nacional sin haber dado un palo al agua en su vida, para vivir saqueando el patrimonio y esquilmando el bolsillo de los contribuyentes que se dejan la piel en el tajo, es algo que llevan en su ADN.

Además, si se dan ustedes cuenta, marcan sus prioridades, por ejemplo: subvencionar el cambio de sexo para todo el que lo solicite, mientras los contribuyentes carecen de una atención en la Sanidad pública que cubra el servicio dental y oftalmológico completo y gratuito.

La ministra de Sanidad es un portento. Aparte de destacar por su feminismo radical, creo haber leído que con solo 16 años de edad se afilió al partido socialista. Criada y vitaminada al amparo del partido, trepó y trepó viviendo de la política, hasta lograr su última hazaña, pasar de embolsarse mensualmente la friolera de casi 5.000 euros como consejera de Sanidad del gobierno valenciano, a más de 70.000 euros anuales como ministra del mismo ramo, más las prebendas y privilegios inherentes al cargo.

Alcanzar dos cargos públicos relevantes de la mano de su partido y sin ganar unas elecciones, ¿creen que ayuda a reducir la deuda y combatir el desempleo? Garantizar la sanidad gratuita para inmigrantes ilegales, mientras los médicos que no hablan catalán son discriminados en centros sanitarios de Cataluña y Baleares, ¿es quizá garantizar los derechos de los que nos habla la Constitución como ciudadanos españoles? Imponer normas doctrinales a los sufridos contribuyentes, como introducir en la Sanidad pública algo tan siniestro como la “guía breve para el uso no sexista del lenguaje”, ¿ayuda a combatir el fracaso escolar y a terminar con las listas de espera en los centros sanitarios?

Así funciona la “organización” desde donde esta ministra con cartera, confeccionada artesanalmente con piel de cotizante, seguirá imponiendo sus postulados en la Sanidad pública, como ya hiciera cuando formó parte de “las chicas de ZP” con iniciativas como la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo e ideología de género, y, anteriormente, con leyes como la del aborto criminal.