Màxim Huerta

Luis Ventoso.- No conozco de nada a Màxim Huerta, valenciano de 47 años, al margen de las biografías que se han publicado a raíz de su nombramiento. No he leído sus novelas. No puedo valorar si son buenas o auténticos truños. Jamás lo he visto en su era de presentador televisivo con Ana Rosa, mayormente porque a las horas en que se emite ese magazine estoy trabajando. Por lo demás, su nombramiento como ministro de Cultura me parece un ejemplo más de la frívola política gestual de Sánchez y estimo que carece de la capacitación que demanda el cargo. Por último, nombrar responsable de Deporte a quien se ha venido jactando de que lo detesta es un completo absurdo.

Pero al margen de la opinión sobre las cualidades políticas de Huerta, la primera máxima del periodismo es atenerse a la verdad. Y por eso, en esta mañana en que este señor será abrasado en la pira de la ira justiciera populista, me atrevo a decir que se está cometiendo una injusticia con él. No es ningún delincuente, sino que simplemente ha pasado por un proceso administrativo que han vivido millones de españoles: presentó una declaración con sus ingresos, que Hacienda consideró errada, obligándole a devolver al fisco una importante cantidad de dinero. No ocultó lo que había ganado (caso Monedero), sino que Hacienda estimó que el modo en que había declarado sus ingresos, a través de una sociedad, no era el que procedía. El afectado lo ha explicado perfectamente: «Cambió el criterio fiscal, hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Acepté mi responsabilidad como ciudadano». Así es.

En lugar de tiznar de brea y plumas al ministro, a estas horas lo que tendríamos que estar preguntándonos los españoles es esto: ¿Es admisible que nuestros datos fiscales se filtren alegremente desde Hacienda? ¿Cómo puede ser que la Agencia Tributaria sea un colador de donde salen «exclusivas» al albur de intereses políticos? No es la primera vez que ocurre, cabe recordar, por ejemplo, que la filtración de la declaración de Esperanza Aguirre en plena campaña electoral.

Durante años, presentadores de televisión, periodistas que escriben en varios medios, conferenciantes y los llamados «tertulianos» declararon sus ingresos por colaboraciones a través de sociedades instrumentales creadas para pagar menos. ¿Un delito? No, sus asesores fiscales les explicaron que era una vía lícita para abonar menos dinero y durante muchos ejercicios Hacienda dio por buena esa práctica, o la toleró. El criterio del fisco cambió y esos profesiones fueron obligados a devolver importantes cantidades a Hacienda, que es lo que le ocurrió a Huerta (hace diez años, por cierto). ¿Son criminales? ¿Debe machacarse su presunción de inocencia y exponer en la hoguera pública su intimidad fiscal?

El PSOE recibe, eso sí, su propia medicina. Durante años ha hecho oposición pisoteando la presunción de inocencia. Incluso han echado a Rajoy por supuesto corrupto sin una sola decisión judicial en su contra. Este país necesita a gritos menos titulares navajeros y más respeto a las personas y al Estado de Derecho.

No me gusta Màxim Huerta como ministro, pero mucho menos las condenas preventivas y los ajusticiamientos tuiteros al amanecer.