Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

Corea del Norte es a día de hoy, en pleno siglo XXI y en la era de Internet y las redes sociales, el país más hermético del mundo. Sus más de 25 millones de habitantes carecen de cualquier libertad civil y política y viven con el riesgo real sobre sus cabezas de ser detenidos, lo que contribuye a un clima de terror promovido desde el régimen de Kim Jong Un para afianzar su férreo control.

La ONU y las organizaciones de Derechos Humanos llevan años, sino décadas, dando la voz de alarma sobre los atropellos y los abusos a los derechos fundamentales que se cometen en territorio norcoreano y han vuelto a alzar su voz ahora que la atención está centrada en la histórica cumbre entre el líder norcoreano y el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La reciente apertura política de Corea del Norte es un signo positivo, pero antes de que todos nos emocionemos es importante recordar que Kim Jong Un continúa estando al frente del que posiblemente sea el sistema más represivo del mundo”, ha resaltado Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (HRW), una de las 300 organizaciones que han enviado una carta a Pyongyang reclamando que se incluya “la situación de los Derechos Humanos” en las discusiones para la desnuclearización de la península de Corea entre Trump y Kim.

También ha hecho un llamamiento similar el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, quien ha pedido que se aborde la cuestión si no en la primera cumbre al menos en los sucesivos encuentros que puedan seguir. “No creo que el diálogo sobre Derechos Humanos pueda socavar el inicio de las negociaciones sobre desnuclearización”, ha sostenido.

Además ha pedido un “gesto concreto” al líder norcoreano: la liberación de los más de 80.000 presos políticos que según él hay en el país –organizaciones como Amnistía Internacional los sitúan en 120.000–. “No estoy diciendo que tenga que abrir todas sus prisiones, sino que puede ser un proceso gradual”, ha sostenido.

El país cuenta con cuatro campos para presos políticos, donde quienes son recluidos son sometidos a trabajos forzosos así como a torturas y otros malos tratos, según denuncia Amnistía Internacional en su último informe, subrayando que algunos de los abusos cometidos equivalen a “crímenes contra la Humanidad”.

“Muchos de los que viven en los campos no han sido condenados por ningún delito internacionalmente reconocido (sino que) fueron detenidos de forma arbitraria por estar relacionados con individuos considerados amenazadores para el estado, o por ser ‘culpables por asociación'”, denuncia la ONG en el apartado dedicado a Corea del Norte en su informe anual.

Pero si hay algo que perpetúa la opresión y la discriminación de buena parte de la población norcoreana es el sistema sociopolítico de clasificación conocido como ‘songbun’ y que divide a los ciudadanos en tres grupos: “leales”, “vacilantes” y “hostiles”. En función al grupo al que cada individuo sea adscrito –algo que viene dado al nacer sin que sea fácil de modificar–, podrá gozar de una vida más acomodada y de privilegio o vivirá una vida de penuria y ostracismo en algún lugar recóndito del país.

El sistema se desarrolló entre 1957 y 1960 bajo la batuta del fundador del país y abuelo del actual mandatario, Kim Il Sung, en un intento por consolidar su poder y evitar cualquier disidencia. Para ello, se tomó como base el comportamiento de las personas o de sus antepasados bajo el periodo colonial japonés (1910-1945) y la Guerra de Corea (1950-1953).

Aquellos que trabajaron para el régimen colonial, esencialmente terratenientes, empresarios e intelectuales, y que por tanto tuvieron una vida mejor, pasaron a ocupar el escalón más bajo en el sistema ‘songbun’, mientras que los agricultores y trabajadores, que habían sido la clase más baja durante el dominio japonés, ascendieron al primer escalafón. Lo mismo ocurrió con los que apoyaron a Kim en la guerra con la vecina Corea del Sur, mientras que quienes no lo hicieron pasaron a ocupar el peldaño más bajo.

El ‘songbun’ se convirtió en una especie de sistema de castas heriditario, por el cual los hijos pasaban a ocupar el puesto en la sociedad que habían ocupado sus padres, quedando reservados para los miembros de la casta superior los puestos gubernamentales.

Esta situación comenzó a cambiar en la década de 1990, con la caída de la Unión Soviética, uno de los principales benefactores de Pyongyang, y con el periodo de sequías e inundaciones entre 1994 y 1997, en el que murieron millones de norcoreanos, si bien dada la opacidad la cifra real nunca se ha conocido.

Según explica HRW, en este periodo, muchos miembros de la clase alta empleados por el Gobierno se vieron obligados a buscar otras fuentes de ingreso para sustentar a sus familias, surgiendo así una serie de actividades de mercado ante las que el régimen hizo en parte la vista gorda, hasta que en 2003 autorizó la apertura de algunos mercados. Esto hizo que algunos norcoreanos de la clase más baja pudieran usar su riqueza personal para sobornar a determinados funcionarios y ascender en el escalafón.

Quienes pertenecen a la casta de los “leales” tienen derecho a estudiar en las mejores escuelas y universidades, a ocupar cargos públicos y a formar parte del Partido de los Trabajadores, además de poder vivir en Pyongyang. La ONU ha pedido en varias ocasiones que ponga fin a la discriminación de sus ciudadanos en base a su “percibida lealtad política o al historial sociopolítico de sus familias”, pero estos llamamientos han caído hasta ahora en saco roto.

Otra práctica a nivel estatal que socava los derechos de los ciudadanos norcoreanos por parte del Estado es el envío de trabajadores a otros países. Esta práctica se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las arcas públicas, ya que estos trabajadores no cobran el salario que pagan por ellos sus empleadores en países como China, Rusia, Kuwait, Qatar o Polonia, sino que es el Estado norcoreano el que lo hace, según denuncia Amnistía.

Además de cobrar salarios más bajos al nivel de vida de esos países, los norcoreanos que trabajan en el extranjero ven limitadas sus comunicaciones y movimientos y se les suele privar de información sobre los derechos laborales en el país de acogida, añade la ONG, que reconoce que es difícil estipular cuántos norcoreanos se encuentran en esta situación.

Las mujeres en Corea del Norte tienen más posibilidades de ver pisoteados sus derechos. Según HRW, estas pueden ser castigadas por los actos cometidos por sus maridos u otros parientes, también son objeto de torturas, violaciones y otros abusos en los centros de detención, y sometidas a explotación sexual o matrimonios forzosos en los casos de las norcoreanas que se encuentran en China.

Ante este panorama, son muchos los norcoreanos que en las últimas décadas y también en la actualidad han tratado de escapar del país. Según denuncia HRW, Kim Jong Un ha reforzado las medidas para evitar que los norcoreanos salgan si permiso del país, desplegando más guardias fronterizos, cámaras de vigilancia y alambradas de espino en su frontera de China, puerto de salida hacia una vida mejor que muchos norcoreanos tratan de buscar a continuación en la vecina Corea del Sur.

Según el informe de Amnistía, en 2017 1.127 norcoreanos llegaron a Corea del Sur, la cifra más baja desde 2002, mientras que durante el año se produjo un aumento de los detenidos en China y devueltos a Corea del Norte. Estos son considerados como “traidores” y enviados a los campos de detención, donde se les tortura y somete a trabajos forzosos.