Juan Julián Illanes, empresario que adquirió Cuerotex en 2003, ha manifestado este jueves que rechazó la ayuda ofrecida por el sindicalista Juan Lanzas, que consideró “gansteriana”, para conseguir financiación de la Junta de Andalucía para el expediente de regulación de empleo (ERE) que hizo en esa fecha.

De esta manera se ha pronunciado el empresario este jueves durante su declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye la causa de los ERE fraudulentos, en la pieza separada que investiga las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo para el ERE de Cuerotex.

Illanes, según han indicado a Europa Press fuentes del caso, ha señalado que adquirió la empresa en 2003 y que, causándole “sorpresa”, los empleados de la misma se dieron de baja “por depresión, según ha indicado, “por recomendación de Garrigues”, extremo que han negado desde el propio bufete de abogados a Europa Press.

RIVAS TENÍA CONOCIMIENTO DE TODO

Tras esto, el empresario mantuvo una reunión con el entonces delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, quien le trasladó que le ayudaría poniendo en marcha un ERE “con financiación de la Junta”, así como que Vitalia sería la mediadora.

En este sentido, el investigado ha manifestado que él pretendía hacer un ERE para nueve trabajadores, “los únicos mayores de 52 años de edad”, pero, según ha indicado, Rivas, le dijo que “tenía que meter a diez, que era el mínimo legal”. Entonces, acordaron, según ha continuado narrando, incluir a una trabajadora que “en realidad no se iba a jubilar para conseguir el ERE”. El empresario ha asegurado que el ex delegado provincial lo conocía todo.

Illanes ha señalado que la Junta financió finalmente este ERE, al que con posterioridad se le añadieron seis adendas para la inclusión de otros trabajadores hasta 2005, entre los que se encontraban como prejubilado J.P., el cuñado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

En su momento, Viera afirmó con rotundidad que “el ERE era correcto y legal” y negó cualquier “trato de favor”, sobre todo porque en el momento de la prejubilación de esta persona “yo no era consejero” y su cuñado había cotizado 42 años a la Seguridad Social como trabajador, presidiendo incluso el comité de empresa de dicha compañía.

TENÍA MANO CON LA CONSEJERÍA

En este proceso, Illanes ha explicado que el ‘conseguidor’ de los ERE y sindicalista Juan Lanzas se le presentó como “intermediario” y se ofreció para llevar a cabo las gestiones oportunas para conseguir la financiación del proceso de regulación de empleo por parte de la Junta porque, según ha recordado, “Lanzas le dijo que tenía mano con la Consejería de Empleo y ya lo había hecho otras veces”.

Illanes ha declarado que Lanzas, que también estaba citado como investigado este jueves aunque no ha declarado, le pidió a cambio de ese asesoramiento o ayuda “un porcentaje por cada trabajador”, algo que al empresario le pareció “gansteriano” y rechazó.

Tras su negativa, Lanzas “ya no habló más con él”, añadiendo Illanes que no sabe “si se repartió con Vitalia” los 90.000 euros que la mediadora, cuyos responsables están investigados en diferentes piezas de los ERE, le pidió al empresario como adelanto hasta que la Junta abonase las ayudas y después le devolvería, algo que nunca sucedió. Illanes, de otro lado, ha comentado que los trabajadores estaban asesorados por Garrigues y que éstos le dijeron que al despacho de abogado le pagaba la Junta por el asesoramiento.

En este sentido, fuentes del bufete han indicado a Europa Press que la Junta les pagó esas facturas de forma “transparente y normal” como se recoge en la lista, que “es pública”, de pagos a despachos por asesoramiento a empresas en procesos de reestructuración con cargo al programa presupuestario 31L, con el que se pagaban las ayudas de los ERE.

DECLARACIÓN DE ROFA COMO TESTIGO

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, también ha tomado declaración este jueves a la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa como testigo, entre ellas la que investiga las ayudas concedidas a la sociedad cooperativa Virgen de la Luz (Coviluz), de Lucena del Puerto (Huelva), por importe de 440.000 euros.

Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo desde julio de 2008 y marzo de 2011, coincidiendo principalmente con Juan Márquez como director general, “contribuyó” a esclarecer los hechos según la juez instructora Mercedes Alaya, haciendo entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 1.627 archivos electrónicos que ella guardaba de su labor en la Dirección General de Trabajo.

Rofa, que recientemente ha declarado como testigo en la pieza política que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos a Márquez, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas a trabajadores y a empresas en los ERE fraudulentos, ha reconocido, a preguntas del letrado de la Junta de Andalucía, que Márquez “metió” en la Dirección General de Trabajo a personas que ya habían trabajado con él anteriormente en Huelva, cuando era delegado provincial de Empleo.

Así, ha apuntado los casos de ella misma, que venía de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), o de Jesús Andrés Rodríguez, sobrino del propio director general. Al hilo de esto, ha declarado que Rodríguez llevaba expedientes de ayudas “directamente con Márquez”, expedientes no se guardaban en el servidor.

En este sentido, ha añadido que cuando Rodríguez se fue “nadie sabía donde estaban esos expedientes”, manifestando que al Juzgado de Instrucción éstos “no han llegado”. Por último, Rofa ha afirmado que al sobrino de Márquez los empresarios le mandaban las solicitudes de ayudas “por correo y no las registraba por el registro oficial”.