Isabel San Sebastián*.- Muchos miembros sensatos del PP han dejado de preocuparse por el previsible hundimiento de su grupo para centrar su atención en una cuestión harto más angustiosa: la probabilidad de que el terremoto dañe los cimientos de la nación española.

En el partido del Gobierno hay patriotas capaces de colocar los intereses de España por encima del escaño o la poltrona. No son los que ponen cara a las siglas en televisión, pero los hay. Y llevan tiempo advirtiendo de la hecatombe que se avecina. La que sobrevendría inevitablemente si la moción de censura presentada por Pedro Sánchez saliera finalmente adelante, con el apoyo de Podemos y la constelación de grupúsculos separatistas cuya razón de existir es liquidar la democracia y romper nuestra unidad. Una posibilidad tan aterradora como real, dado que el líder socialista en quien depositaba sus esperanzas Rajoy para frenar el avance de Rivera se ha propuesto llegar a La Moncloa a toda costa, sea cual sea el precio a pagar por ocupar temporalmente esa residencia.

En los aledaños del poder popular se sabía perfectamente cuál iba a ser la sentencia del caso Gürtel y, pese a ello, se forzaron los tiempos con el afán de aprobar los presupuestos generales a cambio de otorgar al PNV concesiones injustificables. El jefe del Ejecutivo era consciente de la condena que estaba punto de caer sobre su partido, del mismo modo que está al tanto, hoy, de las grabaciones que obran en poder de Luis Bárcenas. Grabaciones altamente comprometedoras para varios dirigentes con despacho en Génova, según dicen quienes han tenido acceso a ellas, que el extesorero amenaza con sacar a la luz si su esposa, Rosalía Iglesias, acaba entrando en prisión. ¡Más madera para las calderas populistas!

Si el círculo de pretorianos que rodea al presidente no tuviera como único objetivo su propia supervivencia, indisolublemente unida a la de su mentor, le estarían aconsejando ahora mismo presentar la dimisión irrevocable y facilitar la formación de un gobierno de transición encargado de convocar elecciones lo antes posible. Un gobierno constitucionalista, presidido por una persona de consenso.

Un gobierno susceptible de cerrar el paso a golpistas, secesionistas, totalitarios, cómplices de terroristas y demás ralea entusiasmada con la idea de apoyar un proyecto Frankenstein sustentado en la ambición personal de un hombre carente de escrúpulos, a quien ya su propia formación hubo de parar los pies en el pasado. En el PSOE actual no hay fuerza suficiente para repetir la jugada, aunque sí diputados leales a la Carta Magna que estarían encantados de respaldar una iniciativa así. También en el PP, donde cunde el desánimo ante un futuro político negro además de una inquietud creciente por lo que puede ocurrirle al país. Y por supuesto en Ciudadanos, que llama abiertamente a las urnas.

El peligro de que Sánchez se salga con la suya es innegable, y la forma de impedírselo no es jugar con él al «gallina», a ver quién se asusta antes; quién tiene más que perder a la postre. Porque quien pierde a la postre es España, amenazada de muerte. Mariano Rajoy pertenece al pasado juzgado en la Audiencia Nacional, por más que mire hacia otro lado fingiendo que no le atañe. Él estaba allí, en la cúpula de PP, participando en las decisiones. Por acción o por omisión, fue corresponsable de lo sucedido y debe marcharse a casa junto al resto de líderes salpicados por la corrupción.

La crisis es de tal gravedad que solo queda una salida: devolver la voz a la ciudadanía y confiar en que acierte al votar.

(ABC)