Sonia Gaya, consejera de Educación de la Junta de Andalucía

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) en Andalucía han sido muy contundentes en su crítica a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en lo referente al proceso de selección de la dirección en los centros educativos públicos. Denuncian falta de planificación, incumplimiento de plazos e instrucciones sin respaldo escrito, a veces contrarias a lo establecido en la norma, que han convertido dicho proceso «en un desastre mayúsculo».

Su principal protesta recae en el retraso acumulado de tres años en la elaboración de la normativa que regular el proceso, retraso que ha acarreado la acumulación de promociones de directores y directoras que finalizaban mandato sin poder realizar la selección correspondiente.

Ya en octubre y noviembre de 2017 se publicaron el Decreto 153/2017 y la Orden de 10 de noviembre, respectivamente, lanzando el proceso de selección de la dirección para casi un 70% de los centros educativos públicos, y a partir de ahí empezaron a sucederse una serie de errores y fallos organizativos por los que USIE pide ahora depurar responsabilidades a la consejera Sonia Gaya.

«Antes de iniciar el proceso los inspectores e inspectoras pedimos que se dictaran instrucciones para concretar determinados aspectos de la normativa que se prestaban a dudas o a diferentes interpretaciones», a lo que fueron respondidos: «no habrá instrucciones». Lo que venía a significar, según USIE, «que cada cual lo entienda como quiera».

El proceso se regía por la grabación en la plataforma educativa Séneca, pero el módulo para registrar las fases y actos del proceso no estaba completado cuando debían constituirse las comisiones de selección, «primer desaguisado que se iba solucionando con el envío de los proyectos por correo electrónico».

A ello hay que sumar errores como el límite de 50 páginas que los directores tenían para elaborar su proyecto de candidatura que no siempre se respetó. Así, se aceptaron hasta 144 proyectos que superaban el límite, algunos de ellos hasta con 100 páginas. Una vez descubierto el error la Consejería paralizó todas las peticiones superiores a 50 páginas, conminando a los afectados a reducir sus proyectos para ajutarse a los requisitos establecidos.

«Y en toda esta confusión, los órganos que debían servir de cortafuegos para que los inspectores recibamos las tareas adecuadas, apropiadas a los condicionantes técnicos de nuestras funciones, no cumplieron la misión de que las actuaciones tuvieran la planificación y organización adecuadas», rematan desde USIE.