(El Periódico)

AD.- Durante días y semanas fueron protagonistas de tertulias en los programas más escatológicos de las cadenas nacionales. El cerco mediático parecía estrecharse en torno a los policías municipales que profirieron en un grupo de amigos de WhatsApp insultos y críticas contra la alcaldesa comunista de Madrid, Manuela Carmena. Algunos de ellos fueron suspendidos de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Madrid. No es un dato menor aclarar que se trataba de conversaciones entre amigos, y que los hechos fueron dados a conocer por la delación de uno de ellos. Sabemos que este confidente laboral es delegado del sindicato Comisiones Obreras y también que sus expresiones de provocación en ese chat, desde hacía tres meses, iban encaminadas a conseguir estas desgraciadas capturas de mensajes descontextualizadas. Una joya.

Que las conversaciones privadas de un grupo de policías amigos, independientemente de su contenido, sean reveladas y expuestas a la opinión pública en forma de circo mediático, nos da una idea del poder coercitivo alcanzado por la extrema izquierda y sus cuates mediáticos en España. Nos da igual lo que expresaran los policías en un ámbito, hay que insistir una y otra vez, estrictamente privado. El derecho a la privacidad no solo debe respetarse, sino que además debe de prevalecer, siempre que la conducta reprobable quede enmarcada en la esfera de la libertad de expresión, pensamiento u opinión.

En este asunto, que sirvió a las televisiones progres para agitar, una vez más, el fantasma del peligro de la ultraderecha, lo más reprobable fue la conducta de quien se ha valido de su condición de miembro del citado grupo privado de mensajería para divulgar, sin la autorización de sus participantes, tanto conversaciones privadas como datos personales de los que participaban.

Si hay algo que resulta extravagante es que un sindicato como Comisiciones Obreras no solo apoye conductas que suponen una vulneración flagrante del derecho a la intimidad, sino que además califique de ‘valentía’ denunciar a unos compañeros valiéndose de su confianza, más aún si aquellos de quienes se ha divulgado la información particular son agentes de la autoridad y cuyos datos, a partir de ahora quedarán a disposición de un número incierto de personas.

Es irritante que en un país donde se ha pasado por alto que muchos de sus representantes públicos hayan asaltado capillas, blasfemado contra la fe de los católicos, incitado a la violencia de forma permanente, promovido el odio en los colegios, festejado la muerte de compatriotas… se someta al linchamiento público a un grupo de policías locales por verter opiniones, que aunque puedan ser inaceptables, pertenecen a la esfera privada.

Solo en una sociedad tan corrompida moralmente como la nuestra podría darse el caso de que los mismos que celebraron con alborozo los fallecimientos de Rita Barberá, del torero Víctor Barrio, o del fiscal Maza, se atrevan a darnos ejemplos de tolerancia democrática.

Si en vez de desear la muerte de Carmena, el grupo de amigos hubiese defendido la destrucción del Valle de los Caídos a base de bombas, o deseado una cruel agonía a los que se oponen a la independencia de Cataluña, habrían sido sin duda defendidos por la progresía inquisidora y su caso presentado como una ataque intolerable a la libertad expresiva.

AD se posicionó en todo momento a favor de los policías cuya privacidad estaba siendo sometida a escarnio público. Los hechos, una vez más, nos han dado la razón.

“No hay indicios racionales de delito”

No hay indicios racionales de delito. Así lo dictaminó ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, quien dictó el archivo provisional del caso del chat de la Policía Municipal contra tres agentes al no apreciar delitos de odio, injurias y amenazas contra la alcaldesa Manuela Carmena e inmigrantes, entre otros.

El magistrado se basa en que los mensajes se realizaron en conversaciones privadas mantenidas en un grupo de WhatsApp entre funcionarios del Cuerpo. Por ello, «no concurre el requiso de publicidad que estipula el Código Penal para que dichos comentarios sean considerados delitos». Tampoco aprecia amenazas contra el agente que llevó el caso del «chat» ante los tribunales el 13 de noviembre de 2017 –miembro de CC.OO., el sindicato oficialista–, muy cercano al director general del Cuerpo, Andrés Serrano, que formaba parte de ese grupo. A su denuncia se sumó después el Ayuntamiento de Madrid. El procedimiento se inició en base al atestado instruido por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal.

En el chat se calificó a la alcaldesa de «vejestorio despreciable» y se decía que «lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros», entre otros mensajes en los que, según la denuncia, se alababa a Hitler y el nazismo y se vejaba a los inmigrantes.

En su auto, el juez precisó que el chat, creado en 2016 con el nombre de «10 años y turno de noche», tenía como fin abordar reclamaciones laborales. Aunque llegó a tener 200 miembros, la cifra fue decayendo hasta los 116 en el momento de la denuncia. «Se convirtió en un lugar de intercambio de ideas», y aunque reconoce el magistrado los comentarios «xenófobos, así como injuriosos contra la autoridad, al no haber publicidad, no hay delito». También rechazó las supuestas amenazas que dijo sufrir el sindicalista denunciante, ya que acudió a los tribunales meses después de ser intimidado y seguía chateando con ellos.

Contra al auto cabe interponer recurso en el plazo de tres días. CC.OO., lo hará, al considerar «inaceptable» que se reconozcan los comentarios xenófobos pero se diga que se «vertieron en el ámbito privado».

«¿Manipulación?»

Frente a ello, el resto de sindicatos mostraron su satisfa?cción por lo que fue un intento más de «ensuciar la imagen de la Policía», al tiempo que decían que los «mensajes se sacaron de contexto». Desde Apmu, su presidente Carlos Bahón afirmó que no quedó probado que parte de esos mensajes se realizaran desde ese grupo del chat, tal y como señala un informe de la Policía Nacional. «Lo aportado en el pendrive por el denunciante no figura en los teléfonos de los investigados», por lo que aludió a una presunta manipulación. «Todo obedece a una campaña orquestada para criminalizar la imagen del Cuerpo».

Para el portavoz de CCPM, Alberto Cid, «han querido desacreditar a los agentes para crear el comité ético que es una policía política». Además, aludió a que en el caso de la muerte del mantero de Lavapiés, el concejal de Seguridad, Javier Barbero, tardó en dar explicaciones a la espera de tener toda la información. Pero en el asunto de los chat «prejuzgó, juzgó y sancionó a los tres agentes desde el minuto uno». Ahora, con la misma rapidez, tendría que levantarles el expediente. Lo mismo opinó el portavoz de UPM, Jaime Johnson. «Dijo que se encargaría de que esas personas no vistieran el uniforme de un día más y las suspendió de empleo y sueldo». Cid, además, arremetió contra CC.OO., «Los sindicatos están para defender a los empleados, no para hacer el trabajo sucio de los políticos».

El responsable de CSIT-UP, José Francisco Horcajo, indicó que si ha habido manipulación, debe aclararse cuanto antes. «La animadversión de Barbero hacia el Cuerpo aumentó a raíz de su escrache. Ha estado dos años y medio sin aparecer por la mesa de la Policía y las relaciones con él y con su equipo se han deteriorado».