Cristóbal Montoro

EC.- La respuesta de la Guardia Civil a las dudas expresadas por el ministro Cristóbal Montoro no se ha hecho esperar. En un nuevo informe aportado este miércoles al juez Llarena, el Instituto Armado acredita más de 300.000 euros suplementarios de gastos vinculados al referéndum del 1-0. Según el informe, al que ha tenido acceso el confidencial, una de las líneas de investigación apuntan a un desvío de las subvenciones a través de Junts pel Si.

En concreto, los agentes se refieren al alquiler del Teatro Nacional de Cataluña tras localizar un pago de 17.690 euros. “La organización del acto celebrado en el TNC fue gestionado y abonado por Junts pel Sí, por lo que éste grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum”, dice el informe.

El informe detalla que el Grupo Parlamentario Junts pel Si tiene que rendir cuentas anualmente a la mesa Parlamentaria, de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, “por lo que esta última tiene que tener conocimiento del destino de las subvenciones públicas recibidas por el Grupo Parlamentario Junts pel Si y si se han empleado para cubrir los gastos de actos relacionados con el referéndum, como el celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña”.

Además los investigadores reflejan como la Generalitat, a través del secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, Antoni Molons, utilizó a Òmnium Cultural “como sociedad interpuesta”, para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar. La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó la asociación de Jordi Cuixart “para ocultar que era la propia Generalitat, la que sufragaba los gastos de estos carteles”. La valoración de esos carteles, fue de 61.879 euros.

Las nuevas pesquisas elevan también el coste del desplazamiento, alojamiento y manutención de los observadores internacionales que se emplearon para “avalar” la consulta. Ese servicio supuso para la Generalitat además del coste de 119.700 euros, que abonó, “un compromiso de pago de 47.365 euros” que debía hacerse efectivo al final del mes de noviembre, según se ha detectado por la documentación aportada por la Delegación del Gobierno, lo que supone un total de 177.065 euros. Los agentes detallan de esta partida los gastos de “logística” y aseguran que se destinaron 18.835,76 euros a vuelos, 2.416 a hoteles y casi 4.000 a actos en los que participaron.

También detallan discrepancias en las primeras valoraciones del coste de las papeletas que se encargaron y elaboró la empresa Unipost.