El 27 de marzo del año en curso, Panamá a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, emitió la “Resolución 02-2018 en la cual anunciaba, que se reforzaría la supervisión financiera a 55 ciudadanos venezolanos, entre ellos su presidente, Nicolás Maduro y conspicuas figuras del régimen como; Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Maikel Moreno; Tarek Saab, Antonio Benavides y Adán Chávez; haciéndola extensiva además a 16 empresas o personas jurídicas relacionadas con el gobierno de ese país; en su totalidad, considerados “de alto riesgo”, en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Allí mismo se “establece y recomienda a los sujetos obligados financieros (bancos, casas de valores) y a los sujetos obligados no financieros, como firmas de abogados y otros (persona natural o jurídica que debe cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo); a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada… frente a cualquier “hecho, transacción u operación que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas en Venezuela ”, es decir, funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiera.

El sustento panameño para la adopción de tal medida fue recordar, “que el 8 de agosto de 2017, Panamá participó de la reunión del Grupo de Lima, donde los países participantes emitieron la Declaración de Lima, con el fin de dar seguimiento y manifestar sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, así como a la debida identificación de las personas políticamente expuestas de este país”.

Igualmente se argumentó que dicha medida se instauro, luego de un “análisis exhaustivo” de otras listas similares con funcionarios venezolanos elaboradas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea “a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”; que la decisión es cónsona con la línea de sanciones aplicadas por Suiza, además de las suplicas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de imponer nuevas sanciones al régimen de Maduro; y finalmente, que la medida se tomo “para proteger el sistema financiero”, presumiblemente de individuos en posesión de dineros mal habidos.

En replica de lo anterior, el 5 de abril Venezuela suspendió por 90 días, toda actividad comercial y financiera con un grupo de funcionarios panameños, incluido el presidente Juan Carlos Varela y 46 empresas nacionales, entre ellas la aerolínea Copa Airlines. La reacción panameña a la refutación venezolana de suspender las relaciones económicas con altos funcionarios y empresas panameñas, fue el retiro de su embajador en Venezuela, al tiempo que solicito a Caracas hacer lo propio, con su representante diplomático en el país.

Un día después que Panamá anunciara el retiro de su embajador en Caracas, el affaire diplomático entra en un impasse, luego de las amenazas del presidente Varela, de adoptar otras medidas respecto a Caracas; si el Gobierno de Nicolás Maduro sigue “limitando” los derechos comerciales de Panamá. De no revisarse sus acciones contra Panamá, el país que identifica a Venezuela como Estado que discrimina a Panamá, será objeto de la aplicación de la ley de retorsión, que incluye hasta sanciones económicas.

Concluida la exposición de los prolegómenos del suceso, pasamos a considerar otras particularidades y posibles alcances del mismo. En primer término, vale refrescar la memoria respecto al apoyo permanente que mantuvo J. C. Varela en respecto al gobierno de Maduro, cuyo culmen se alcanzó en septiembre de 2015, cuando Panamá se abstuvo sorpresivamente en una votación de la OEA que pretendía ventilar la crisis migratoria entre Colombia y Venezuela, dándole oxígeno a Maduro, El sempiterno romance varelista con Venezuela, se interrumpe súbitamente, a partir de la visita del presidente panameño a Donald Trump en junio de 2017.

En efecto, luego de la consumación del mayor error cometido por los Estados Unidos en política exterior con respecto a Panamá, como lo fue, la acción del díscolo presidente estadounidense de hacerse de la vista gorda en relación a la entrega del país del segundo canal más importante en el planeta al régimen chino; se advierte un giro en la postura de Varela respecto a Maduro, rubricado en el Comunicado de la Casa Blanca, el cual subraya que “el presidente Trump y el presidente Varela hablaron sobre Venezuela, incluida la importancia de alentar el respeto a las normas y procesos democráticos en ese país”.

Como vemos, lo demás es historia reciente, que temo se mantendrá mientras dure el gobierno de Varela e incluso con el próximo gobierno, cualquiera que sea. Precisamente en torno a ello, es que gira la supuesta preocupación de grupos liliputienses, que apelando al principio de no intervención interesada, y en apoyo a sus enemigos políticos; sostienen que una ruptura relaciones, supuestamente verían esfumarse los esfuerzos para que Venezuela cumplan con sus obligaciones económicas con la Zona franca panameña “confundiendo”, intencionalmente, lo aparente con lo real, es decir, una deuda que ni en los mejores momentos de nuestras relaciones, la empresa privada venezolana ha querido honrar con la Zona libre de Colon, en la cual que de paso, los negocios prácticamente en su totalidad, no están en manos panameñas.

Lo anterior significa, que quien más tiene que perder en una ruptura diplomática a corto y larguísimo plazo, es el régimen de Maduro, simplemente porque Panamá se estaría adelantando a lo que inexorablemente tendrán que hacer el resto de países del Grupo de Lima, que al condenar la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela donde una Asamblea Constituyente espuria, convocada y conformada sin referéndum, usurpa los poderes legítimos de la Asamblea Nacional, y no reconocer la convocatoria, ni los resultados de elecciones a lo cubano, con partidos políticos de oposición inhabilitados y sin garantías internacionales de ningún tipo; inexorablemente tampoco podrán reconocer al gobierno que emerja de tales “elecciones” y en consecuencia será imposible continuar manteniendo relaciones diplomáticas con él.

*Profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá