Dolores Amo (derecha) junto a la alcaldesa y a Mario Jiménez

El titular del juzgado de instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha firmado un auto en el que imputa a dos altos cargos de la Diputación Provincial en la investigación de unas oposiciones presuntamente amañadas, según publica ABC. El relato de hechos, que ha estado precedido de varias investigaciones y denuncias, está relacionado con la convocatoria de plazas del Consorcio de Bomberos de la institución provincial que fue organizado de tal manera, dicen las investigaciones, para que los interinos que ocupaban provisionalmente las plazas se quedaran con los puestos como funcionarios. En total, estaban en juego 54 puestos de trabajo de bombero conductor.

Se encuentran imputados por esta causa, según el auto del juez Rodríguez Laínz, la actual vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, que es la vicesecretaria general de política municipal del PSOE, Dolores Amo. Además, figura dentro de los autos como persona investigada el actual gerente del Consorcio, Juan Carandell, a quien el instructor le otorga el papel de haber tenido la iniciativa de los hechos o, en su defecto, la connivencia con el mismo.

El alcalde de Priego en su toma de posesión

El juez entiende que los hechos descritos en la denuncia y en las investigaciones pueden ser descritos como prevaricación administrativa. De forma alternativa, se les imputa de un presunto delito de tráfico de influencias.
Junto a estos dos cargos públicos, el juez instructor imputa a una serie de personas que aparecen en la causa por distintos motivos, bien como cooperadores bien por haber declarado que conocieron de algún modo los hechos. A estas personas se les investiga como presuntos autores de un delito de aprovechamiento de información privilegiada.

En tercera instancia, el responsable de la instrucción judicial libra oficio al Ayuntamiento de Priego de Córdoba con el objetivo de que identifique a la persona que ostentaba la Alcaldía de esa localidad entre el uno y el 31 de julio de 2017 ya que la persona que estaba al frente de ese gobierno municipal presionópara favorecer de alguna manera a terceros, presuntamente. En ese momento, ya había tenido lugar la moción de censura que descabalgó del poder al Partido Popular. El alcalde desde mayo de este año es José Manuel Mármol del Partido Socialista. Su nombre no aparece en el auto que da lugar al levantamiento del secreto de sumario y a las primeras diligencias serias sobre los hechos. La única explicación razonable es que, dado que llegó al poder por una moción de censura, el magistrado decida cerciorarse antes de imputar.

Lo que sabe el instructor es que una decena de personas han aparecido en la causa, testificando, y reconociendo que las oposiciones estuvieron plagadas de irregularidades con el objetivo de beneficiar a las personas interinas. Para ello, se montó un grupo de trabajo formado por tres personas y se acudió a la influencia interna del sindicato UGT tras descartar al sindicato CSIF. La forma en la que estas personas fueron beneficiadas es sencilla: disponían de las pruebas, conocían cáles eran los puntos fuertes del examen o, directamente, habían recibido datos fidedignos sobre qué debían decir en momentos como el psicotécnico.

Se describen hechos como comunicaciones directas con los examinadores del examen de conducción de vehículos o la filtración de preguntas y respuestas. Los responsables del gobierno de la institución provincial habían llegado a manifestar en reuniones internas que estaban dispuestos a hacer lo posible hasta la ilegalidad para que los interinos se quedaran con las plazas una vez acabado el procedimiento administrativo y los exámenes. Una de las consecuencias de todo este procedimiento fue la de un gran éxito por parte de UGT en las elecciones sindicales. Lo que el juez de instrucción describe es una presunta trama organizada en la que las conversaciones habían sido serias, incluso con grupos de trabajo. La afiliación a UGT, llega a decir el juez, fue sugerida desde la gerencia del Consorcio de Bomberos con el objetivo de que todo saliese como tenía que salir.

A la persona que ostenta la Alcaldía en Priego de Córdoba, dice el auto sin citar actualmente al responsable del cargo, se le atribuyen unos hechos que son básicamente los del tráfico de influencias. Según el relato que hace el juez, este cargo participó en las presiones para que se rescatara a siete interinos en concreto y que consiguieran la plaza. Si se le acaba investigando en la causa, sería un terremoto para el PSOE provincial que acabaran en el juzgado uno de sus principales cargos orgánicos y el responsable de uno de los municipios de mayor población de Córdoba.

Página del auto.

En principio, el juez no ha decidido paralizar las oposiciones pero sí ha comunicado, de manera colateral a las imputaciones de los políticos, una serie de cautelas para que no se produzca la destrucción de pruebas. Por ejemplo, establece la intervención de determinadas comunicaciones internas y documentación administrativa que permita seguir tirando del hilo. Además, reclama al sindicato UGT que identifique de manera oficial a la persona o personas que intervinieron en las negociaciones de cara a saber si se ha producido una actuación por parte de algún responsable del mismo que merezca reproche penal. El auto se comunicó el pasado 21 de marzo a las partes.