El 26 de febrero vi por televisión la declaración como acusada de doña Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento, ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Ex eurodiputada, diputada nacional, etc.

Y vista su total ignorancia, su imbecilidad manifiesta, su prepotencia, etc., no me extraña que Andalucía esté como está, y que su gestión –por llamarla de alguna forma- al frente del Ministerio de Fomento resultara un absoluto fiasco.

Lo primero que me sorprendió es que esta señora prestara declaración cómodamente sentada, con un montón de documentos delante suyo, que iba consultando, como si se tratase de un abogado en el ejercicio legítimo de sus funciones profesionales.

Los acusados prestan declaración de pie, frente al tribunal o juez, y normalmente sin documentos que puedan leer o consultar, pues deben limitarse a contestar a las preguntas que se les hagan, por parte del fiscal, los abogados de la acusación defensa y acusación particular, en su caso, o incluso por el propio tribunal, si quiere aclarar algún asunto en concreto, o así lo estima pertinente.

Tampoco es licenciada en derecho, por lo que no pudo habilitarse como abogada, para poder participar en su defensa, por lo que entiendo se le dio un trato de privilegio, totalmente inusual, por las razones que fuesen.
¡Y es que todavía hay clases, y unos son más iguales que otros!

Magdalena Álvarez.

Esta señora vino a decir que no sabía nada, que no se enteraba de nada, y que ella solo era experta en recaudar dinero, en ingresos. Supongo se referiría a la enorme carga impositiva que tienen que soportar los andaluces para mantener el enorme tinglado de la Junta, y sus miles y miles de enchufados.

En otras palabras: una señora ha ocupado la consejería de economía de la Junta de Andalucía durante nada menos que diez años (de 1994 a 2004), pero dice que no sabía nada, y que no se enteraba de nada.

¿A ustedes les parece normal?

A mí, no.

Por no hablar de que el delito de prevaricación, administrativa o judicial, solo se pena con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero sin penas de prisión, como sucede en cualquier delito normal y corriente.

Es decir, que es un delito total y absolutamente privilegiado, en el que los delincuentes –políticos o jueces- reciben un trato de favor, pues como ustedes comprenderán, a esta señora, que tiene 66 años de edad, no creo que le preocupe o importe mucho que puedan inhabilitarla para volver a ocupar cargos públicos, cuando lleva toda su vida chupando del bote, y tiene las espaldas bien mullidas de dinero.

Y, por supuesto, sin devolver nada del dinero sustraído a los pobres parados. ¡Que se jodan, no haber estado en el paro! (Espero que se entienda la ironía).

Como ministra de fomento su gestión fue muy perjudicial para todos y cada uno de los españoles. “Gracias” a ella en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a Estado a pagar a la empresa Albertis 1.494 millones de euros. (Los hechos se remontan a 2006 cuando llegó a un acuerdo con Albertis para la gestión de la AP-7, entre Salou y la Junquera, por el que la concesionaria obtendría una compensación económica si no se cumplían determinadas expectativas de tráfico. Desoyó el Dictamen del Consejo de Estado, que desaconsejaba dicho acuerdo, pues ya se barruntaba la crisis económica, y la consiguiente caída del tráfico de mercancías, de forma que la empresa no asumía riesgo alguno, sino que quien debía responder era el Estado, como por desgracia así ha sucedido).

¿Hubo algún tipo de apaño económico bajo la mesa, o fue un caso de simple estulticia ministerial? En otras palabras, ¿hubo prevaricación o cohecho, o ambos presuntos delitos, en su caso?

En fin, con representantes políticos así, ¿para qué queremos enemigos?

*Abogado y escritor.