H. Tertsch*.-¡Horror, terror y pavor! El Gobierno de España amenaza con cumplir la ley. Y toda la tropa nacionalista pone el grito en el cielo. Es la falta de costumbre. Resulta casi cómico cómo cundió ayer el pánico entre los dirigentes separatistas catalanes por el mero anuncio por parte del Gobierno de que estudia aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional y el TSJC en la enseñanza en aquella región. La referida sentencia del Constitucional, que establece que la lengua española también ha de ser vehicular en la educación en Cataluña, data de 2010. Es decir, el Gobierno no se ha dado demasiada prisa. En otros países habría tenido serios problemas legales y políticos por no aplicar la ley y permitir a otros, a la Generalidad, violarlo de forma obscena, sistemática y continuada. Los gobiernos de España no se toman muy en serio su juramento de hacer cumplir la ley porque siempre genera conflicto con los violadores. Eso es una lata cuando los violadores son socios. Los gobiernos, no solo Hacienda, suelen ser implacables y crueles con los pequeños infractores. No con los grandes. Menos aún con los grandes en partidos que les proporcionan favores y mayorías. Esta perversión genera monstruos.

Esto ha sido así hasta que los delincuentes políticos habituados a la impunidad han perpetrado el crimen de la rebelión con un golpe de Estado. Hoy es evidente que erraron en su cálculo al creer que dicha impunidad les ampararía también en este delito supremo. Si llega a ser solo por el Gobierno puede que hubiera salido bien el cálculo. Pero había otras instituciones del Estado, a su cabeza el Rey y la Justicia, que desencadenaron la reacción que los han parado. Con dicha reacción, la nación española ha demostrado tomar consciencia de la amenaza y exige enmienda y castigo a los agresores. Se exige respeto a la nación y a la lengua común en toda España. Los partidos perciben el peligro de ser castigados si no atiendan a tal demanda.

Ahora el Ministerio de Educación estudia incluir la llamada casilla lingüística en los folletos de preinscripción de colegios en Cataluña. Esto devolvería a las familias su derecho constitucional y la libertad de elegir la lengua vehicular para estudiar en aquellas regiones con dos lenguas oficiales. La única lengua oficial que todos los españoles tienen el derecho y la obligación de saber y usar en todo el territorio español es la lengua española o castellano. La Generalidad, y no solo ella, viola sistemáticamente la ley con políticas de inmersión que han marginado y sometido a persecución el uso del español. Ayer se sugirió que el Gobierno podría restablecer directamente ese derecho en virtud del artículo 155. Se preguntó al secretario de Estado, Marcial Marín, por esta posibilidad en la preinscripción que se abre en marzo. Respondió que «estamos en ello». Terrible conmoción. «Estamos en ello», en cumplir la ley. Gran indignación de dirigentes de partidos culpables de la violación permanente de leyes y sentencias. Hace pocas semanas el ministro Íñigo Méndez de Vigo provocó estupefacción general al decir que no existe mayor problema en la educación en Cataluña. Cuando es obvio y lacerante este caso criminal de privación de derechos a millones de españoles. Se verá cuántos serán los que en libertad y sin amenaza de represalias elijan catalán o español como lengua vehicular. Es inexcusable e inaplazable este paso de restablecer la libertad en todas las autonomías en que se viola el derecho de libre elección de lengua vehicular, por citar algunas con Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia. Como paso previo para restablecer el derecho de todos los españoles a estudiar, trabajar y vivir en español en todos los rincones de España.

*Articulista de ABC