El PP exigirá al tesorero de Ciudadanos que explique en el Senado las múltiples irregularidades contables detectadas en el último informe del Tribunal de Cuentas, que se negó a avalar la contabilidad del partido de Albert Rivera del ejercicio 2015. El tesorero, Juan Carlos Cuadrado, está llamado a comparecer en la próxima reunión de la comisión de investigación sobre la financiación de partidos, que se reactivará a partir del jueves en la Cámara Alta. La principal denuncia del PP, una vez estudiado el informe negativo del órgano fiscalizador, será que «empresarios privados» habrían financiado campañas electorales de Cs abonando facturas superiores a 14.000 euros. Y que ha «crecido» a base de contratar personal con el dinero de los grupos parlamentarios, una práctica que la ley prohíbe expresamente.

Los populares dedicarán una sesión entera para escrutar las cuentas de Cs, como antes hicieron con Podemos y con el PSOE. También están citados los autores del informe negativo del Tribunal de Cuentas. Se prevé un interrogatorio a cara de perro con el tesorero de Cs ahora que las relaciones entre ambos pasan por su momento más difícil. Rivera amaga incluso con abortar los Presupuestos si Rajoy no expulsa a la senadora Pilar Barreiro.

Reproche penal

Génova quiere devolverle la misma severidad a Rivera, al que acusan de erigirse en el «Míster Proper» de la política pese a que el propio Tribunal de Cuentas no aprueba su contabilidad. Ya en julio pasado, el PP señaló que Cs acumulaba el 67% de todas las irregularidades detectadas a los partidos. El portavoz popular en la comisión, Luis Aznar, hurgará en las irregularidades que según el PP merecen reproche penal. La más grave y que supondría un delito electoral, según el PP, son las donaciones irregulares de terceros por importe de 14.371 euros con las que Cs sufragó gastos electorales y que luego trató de pasar para cobrar subvención. El organismo fiscalizador avisa a la formación naranja de que «podría constituir una irregularidad sancionable» ya que infringe el artículo 4.3 de la ley de Financiación de los Partidos Políticos. Además, no identificó a los donantes de facturas por valor de 2.036 euros. «Es ilegal. Las campañas se financian con dinero del partido, no de empresarios», señala Génova.

El PP asegura que por «hechos similares» Cs crucificó a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, procesada por «pitufeo» o blanqueo de 1.000 euros que abonó al partido para la campaña electoral y que después le habría sido devuelto en negro. «Si esto llega al juez pueden tener un problema serio», insisten en la dirección de Génova, que se reserva de momento acudir a los tribunales.

Cs también tendrá que defenderse de una presunta malversación de fondos públicos en varios grupos municipales que contrataron asesores con las subvenciones que reciben por tener representación. Según recuerdan los populares, la ley Electoral prohíbe a los grupos parlamentarios contratar personal o comprar inmuebles; es para material, viajes o funcionamiento. «Hay gente en España condenada por eso mismo», señalan los populares.

Fuente: ABC