La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell

Una estratagema de corto recorrido. La propuesta de Junts per Catalunya (JpC) para que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña desde Bélgica, gracias a la interpretación forzada del Reglamento del Parlamento autonómico y de la Ley de la presidencia de la Generalitat, tal y como informó ayer ABC, no se ajusta a derecho, según varios expertos consultados por este diario. Además, los grupos constitucionalistas lo definieron de «absurdo» y «propio del delirio independentista». ERC, por su parte, sigue sin cambiar de opinión y exige a Puigdemont que, tal y como prometió éste durante la campaña electoral del 21-D, regrese a España para ser investido en Barcelona.

Puigdemont confía todavía en que la nueva Mesa del Parlamento de Cataluña interprete los artículos 93 del reglamento y 4 de la ley de la presidencia autonómica, para que se permita la delegación del voto por incapacidad a los diputados autonómicos que están bien en Bélgica, huidos de la Justicia, o bien en Madrid, en prisión preventiva; y la defensa de su candidatura en el debate de investidura por videoconferencia, respectivamente.

«Estar presencialmente»

«A mi modo de ver, sería muy forzado considerar incapaces a los diputados autonómicos que están en Bélgica», señala Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB). También ve difícil que Puigdemont pudiera ser investido estando fuera del Parlamento de Cataluña: «El candidato tiene que presentar en persona el programa. En el debate de investidura, el candidato tiene que estar presencialmente». Así, Vintró, que formó parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional que puso en marcha Artur Mas, no da margen para la Mesa parlamentaria: «En la redacción actual del reglamento y la ley de la presidencia no permiten ni el voto telemático ni la investidura a distancia».

Del mismo parecer es José Domingo, jurista y exdiputado autonómico, quien además recuerda que el artículo 4.1 del reglamento parlamentario establece el «deber» de los diputados de acudir a todos los debates. «Los diputados tienen el derecho de asistir a todas las sesiones del Parlamento y el deber de asistir a los debates y a las votaciones del pleno y de las comisiones de las que son miembros», señala el articulado. Domingo recuerda que el régimen disciplinario puede sancionar a los electos que no cumplan con sus deberes.

Pere Lluís Huguet, jurista y presidente de Llibertats, va más allá y defiende la necesidad de que los electos tengan que acudir en persona a recoger el acta de diputado. Desde su punto de vista, según el artículo 23 del Reglamento parlamentario, es el electo en persona el que debe retirar la credencial del registro parlamentario y «prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía», ya que son «actos de carácter personalísimo, que no pueden ser delegados según reiterada doctrina, y que requieren la presencia de quien debe efectuarlo».

«Penas de inhabilitación»

La reacción de los grupos políticos a la intención de Puigdemont fue en la misma línea. José Luis Ábalos (PSOE) señaló que «es un poco absurdo y un poco propio del delirio en el que han entrado los independentistas». Y Alberto Núñez Feijóo (PP) indicó que: «No puede encabezar un gobierno una persona en procesos con penas de inhabilitación, y menos que se ha marchado para no dar la cara ante la Justicia».