DT.- Cataluña es la única región de España cuyo parlamento autonómico no ha sido capaz de aprobar una ley electoral propia en casi treinta y ocho años de historia. Desde la primera elección al Parlamento de Cataluña, en 1980, y, al menos, hasta las elecciones catalanas del 21D, todas las elecciones autonómicas se han convocado en base a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régimen electoral general (Loreg), que a su vez recoge las normas electorales aprobadas desde 1978.

Es este marco legal el mismo que establece las normas para las elecciones generales al Congreso de los Diputados. Es decir, las instituciones de autogobierno de Cataluña, pese al amplio grado de autonomía del que disfrutan, no han encontrado el momento adecuado –en casi cuatro décadas– para aprobar su propia ley electoral. ¿Por qué? Básicamente, porque la Loreg beneficia a los territorios donde es mayoritario el voto que tradicionalmente opta por los partidos nacionalistas. Y porque, para aprobar una norma electoral autonómica, el Estatuto, en su artículo 56.2, fija que se tiene que hacer a través de una mayoría cualificada de dos terceras partes de los diputados del Parlamento de Cataluña y el sistema debe mantener una «representación proporcional y debe asegurar la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña». Por lo tanto, sin el visto bueno de los partidos nacionalistas no hay manera de reformar la ley electoral.

Teniendo presente la base legal, los 135 diputados a elegir en las elecciones de Cataluña del 21-D se distribuyen de la siguiente manera: 85 por la circunscripción de Barcelona, 18 por Tarragona; 17 por Gerona; y 15 por Lérida. El cuerpo censal total es de 5.554.394 personas, que es la suma del censo de las cuatro provincias. En Barcelona, 4.156.259 personas; en Tarragona, 566.341; en Gerona, 517.881; y en Lérida, 313.913.

Es decir, los 85 escaños de Barcelona, que corresponden al 62,9% de los escaños totales del Parlamento autonómico, representan en realidad al 74,8% de los electores catalanes. De esta manera, la provincia de Barcelona (industrial, urbana y mestiza) está infrarrepresentada en la Cámara regional. Un efecto que se invierte en las otras tres provincias. Los electores de Tarragona suponen el 10,1% del total de los catalanes y escogen al 13,3% de los diputados. Los de Gerona son el 9,3% y eligen al 12,5% de representantes. Y los electores de Lérida, que son el 5,6% de los catalanes, votan al 11,1% de los diputados. Barcelona, circunscripción electoral más poblada y con un voto mayoritario a partidos de ámbito nacional, sale penalizada en favor de las zonas rurales en donde el voto tradicional es mayoritario a CiU y ERC.

No es casualidad, entonces, que el PDECat y ERC no tengan entre sus objetivos aprobar una ley electoral propia, pues la aplicación de la Loreg les beneficia en las elecciones autonómicas de Cataluña.

En la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC, Ciudadanos ganaría en Barcelona ampliamente obteniendo 21 escaños y el PSC podría estar dispuntando a ERC la segunda posición. Sin embargo, la distancia de Ciudadanos con Junts per Catalunya (JpC) y ERC quedaría reducida a un empate o a una victoria por la mínima al sumar los escaños obtenidos en las otras tres provincias. En Lérida, donde la brecha entre elector y representado es mayor, Cs, el PSC, el PP y CatComú sumarían juntos cinco escaños, lo mismo que JpC y ERC obtendrían cada uno.