Banquillo de los acusados en el Caso ERE Andalucía

La primera sesión del juicio de los ERE, celebrada este miércoles, ha deparado una foto, pero ningún avance sustancial en el proceso: la imagen del paseíllo de dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y 14 ex altos cargos, camino de la Audiencia Provincial de Sevilla. La noticia estaba más en los gestos y las caras de los acusados que en las palabras.

Los encausados, que se convirtieron en el objetivo de todas las cámaras, ocuparon las primeras filas delante del tribunal que los juzga por prevaricación y/o malversación de fondos públicos, así como asociación ilícita por perpetuar durante más de una década un sistema ilegal de reparto de ayudas dotado de más de 854 millones de euros.

Las más de tres horas que ha durado la jornada inicial, reservada para las cuestiones previas (una fase preliminar del juicio), se han consumido íntegramente en la lectura del largo escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción (se tardaron dos horas en leer sus 44 páginas) y de una parte del escrito presentado por el PP, que está compuesto por 103 páginas aunque se leyó un extracto de 58 páginas. La lectura hizo bostezar a muchos de los presentes en la sala, acusados incluidos. Otros se dedicaron a intercambiar confidencias o tenían la mirada clavada en el móvil.

La lectura de la acusación del PP, justo después de un receso de veinte minutos, provocó un intento de rebelión de algunas de las defensas de los acusados, que amagaron incluso con ausentarse de la sala si el tribunal accedía, aunque finalmente no lo hicieron.

Fue Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, quien expresó la queja al tribunal, que secundó Fernando de Pablo, el letrado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. «No nos aporta nada una vez leído el escrito de la Fiscalía», planteó la defensa de Barberá.

Pero la letrada del PP andaluz, Lourdes Fuster, defendió la lectura parcial de su escrito planteando que hay hechos que no son coincidentes con el fiscal. En concreto, los populares añaden a los delitos de prevaricación y malversación el supuesto de asociación ilícita de todos los encausados por concertar sus actuaciones para establecer un sistema fraudulento de ayudas financiado con la partida 31L, rebautizada por Guerrero como «un fondo de reptiles».

El abogado de Manos Limpias, que ejerce también de acusación, se adhirió al escrito de la Fiscalía y renunció a leerlo. La gran ausente fue la Junta de Andalucía, que se retiró de motu proprio de la causa al pedir su archivo y la absolución de los 22 excausados pese a haber ejercido como acusación.

Reencuentros en el «banquillo»

A falta de novedades dentro de la sala de vistas en una jornada tan plúmbea como agotadora, el foco de atención se desplazó a los pasillos, donde se formaron corrillos de acusados que llevaban años sin verse ni dirigirse la palabra.

Los periodistas pudieron observar a Griñán algo más relajado que a su llegada entregado a una animada charla con su abogado José María Mohedano, junto a Chaves y Gaspar Zarrías. A su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, incluso se le escapó alguna sonrisa dentro de la sala cuando el letrado de la Administración de Justicia, Rafael Castro, el gran protagonista de la jornada, verbalizaba las duras acusaciones de la Fiscalía, que solicita para él 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, frente a los 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación pedidos para Griñán, acusado de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Antonio Fernández fue el único consejero que no ocupó la primera fila. A su lado estaban Agustín Barberá y Francisco Javier Guerrero, que antes de comenzar el juicio recibió un afectuoso saludo de Chaves. El exdirector de Trabajo fue uno de los más felicitados de la jornada tras haberse convertido en abuelo recientemente.

El juicio se reanudará el jueves con la lectura de los escritos de las defensas que así lo soliciten y el planteamiento de las primeras cuestiones previas, una fase preliminar del proceso en la que las defensas y acusaciones pueden plantear posibles anulaciones por vulneración de derechos fundamentales.