Guardias civiles y mossos en la Conselleria de Economia, el 20 de septiembre.

La Guardia Civil sostiene que los altos cargos del Gobierno catalán investigados por la organización del referéndum unilateral del 1-0 y las estructuras de Estado contaron con la colaboración de miembros de los Mossos d’Esquadra para dificultar las pesquisas que se estaban llevando a cabo y eludir la vigilancia de los agentes del instituto armado. Así lo detalla un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que instruye la causa por los preparativos de la consulta y que fue quien ordenó el pasado 20 de septiembre 40 registros, incluido el de la sede de la Conselleria d’Economia, y la detención de 14 personas, entre ellas, responsables de departamento de la Generalitat. Días después, algunos arrestados se reunieron con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los ‘consellers’ para trasladarles su felicitación y apoyo.

La Guardia Civil han llegado a la conclusión de que policías autonómicos ayudaron a los altos cargos a raíz de las conversaciones telefónicas mantenidas entre algunos de ellos y que fueron grabadas con autorización judicial. Según su informe, miembros de los Mossos informaron a los altos cargos investigados de las “técnicas policiales” utilizadas, como escuchas telefónicas, instalaciones de micrófonos, etcétera. Según el instituto armado esos policías de la Generalitat les proporcionaron servicios de protección con escoltas, “cuya única finalidad dadas las circunstancias sería la de detectar y dificultar que puedan seguir siendo investigados por otros agentes de la autoridad”.

La Guardia Civil recoge una conversación del pasado 29 de septiembre entre un mosso y Natalia Garriga, que era directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidència, detenida el día 20 de ese mes y puesta en libertad. El policía afirma que sus jefes le habían dado “vía libre para hacer servicio con ella” y que “están sacando patrullas no logotipadas sin uniforme” para vigilar su domicilio. El agente, además, le comenta que “si tiene un momento” se acerque a verla para aconsejarle de “temas de medios técnicos”.

Escuchas en un despacho

El informe también detalla una conversación de ese mismo día entre el que era director de la policía autonómica, Pere Soler, y el abogado Frances Sutrias, que fue detenido. El letrado pidió al responsable de los Mossos que comprobase si estaba siendo objeto de escuchas en su despacho, en su domicilio o en su coche. Soler le explicó que había hablado con los “jefes de los escoltas” para que “pusieran más interés” en aquellas personas que habían “estado más expuestas”, a la vez que le sugería que el teléfono que él estaba usando podía estar pinchado. Otros altos cargos hacen la misma referencia a que sus teléfonos estaban “pinchados” o al exquisito trato que le dispensaron los mossos que les custodiaron en los juzgados. “Es un honor cusotodiarles (…) Que sepan que nosotros le damos nuestro apoyo”, le dijo un mando.

En la causa aparece otro informe de la Guardia Civil sobre la agenda de Josep Maria Jové, exsecretario general de la Conselleria de Economia, en la que aparece que la que era diputada de la CUP Anna Gabriel pidió al Ejecutivo catalán que los Mossos debían avisarles si se producían detenciones de miembros de su partido. La reunión se realizó en noviembre del 2016, poco después de que la policía autonómica detuviera a la alcaldesa de la CUP de Berga, Montse Venturós, acusada de un delito electoral. La propuesta era que se avisase a un “cargo político” para que hiciera de intermediario.