El grupo parlamentario de Podemos se ha prestado a actuar como el cooperador necesario de ERC y del PDECat, y se pondrá a disposición del secesionismo catalán para recurrir ante el TC la aplicación del artículo 155, que desactivó el Gobierno catalán y disolvió el Parlament para convocar nuevas elecciones. Podemos y Pablo Iglesias carecen ya de argumentos para sostener que no son un partido independentista y que se limita a exigir el reconocimiento del derecho a decidir. Su ambigüedad no solo no resulta creíble, sino que parece una tomadura de pelo a buena parte de su electorado. Muy al contrario, Podemos se ha convertido en la marioneta del separatismo para debilitar a la democracia. El oportunismo de Podemos, unido a un tacticismo dirigido a sumar votos del independentismo frustrado en Cataluña sin importar el daño que eso haga al partido en el resto de España, son errores de bulto a los que Iglesias está acostumbrando a su partido. Más parece que busque provocar una fractura en Podemos para afianzar su liderazgo, muy discutido ya internamente, que un espacio político congruente y lógico. Es evidente que Iglesias no pretende contribuir de forma constructiva a una hipotética reforma constitucional, sino tratar de derogarla por la vía de los hechos consumados junto al huido Puigdemont, Junqueras, Tardá, Rufián, Colau y toda la cohorte de dirigentes independentistas que prefieren pisotear la Carta Magna en lugar de proponer soluciones ajenas a la sedición o la rebeldía. De facto, Iglesias emprende el camino de un suicidio político asistido de Podemos en toda España…, lo cual, visto en positivo, no sería una mala noticia.

Además surge un problema jurídico de fondo que no es baladí. Es cierto que ni el PDECat ni ERC disponen de los diputados necesarios para plantear la inconstitucionalidad de la aplicación del 155. Podemos, sí. Pero habrá que resolver una cuestión previa: la norma establece que 50 diputados podrán plantear recursos de inconstitucionalidad contra leyes o normas con fuerza de ley, pero no contra la aplicación de un artículo constitucional que, según la letra y espíritu de la Carta Magna, es potestad exclusiva del Gobierno. Sería el colmo del ridículo que Podemos impugnara por inconstitucional un artículo de la Constitución. Pero hacerlo sobre su aplicación será una pirueta jurídica digna de ser analizada con detalle porque a priori sus diputados no tendrían competencia para ello. Quizá a Iglesias eso le dé igual. Su objetivo es embarrar el campo de juego, ensuciar la campaña electoral para desacreditar a los partidos constitucionalistas, acaparar el protagonismo perdido durante la semana de celebración del aniversario de la Carta Magna y, sobre todo, deslegitimar el sistema. Es impensable que el TC pudiese, en el caso de que lo admitiera a trámite, llegar a dar la razón a Podemos.

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