Ignacio González, al salir de la cárcel

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha salido de la cárcel pocos minutos antes de las ocho de la tarde tras haber pagado la fianza de 400.000 euros que le fue impuesta. Once fiadores han depositado la cantidad exigida para su salida de prisión. El juez acordó esta medida al considerar que el avance de la investigación ha disminuido el riesgo de que el supuesto cabecilla de la trama del Canal de Isabel II se fugue y oculte su patrimonio en Iberoamérica.

Tras comprobar el pago, el magistrado ha acordado la liberación de González. El mandamiento de libertad se ha enviado al juzgado de Colmenar competente para tramitar la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid de la prisión madrileña de Soto del Real. La efectividad de la medida depende de Instituciones Penitenciarias y se producirá en las próximas horas.

Ahora, para controlar los movimientos de González y evitar que entorpezca la investigación, el juez ha fijado la retirada de su pasaporte, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer una vez a la semana en el juzgado. Estas medidas cautelares menos graves sustituyen al ingreso en prisión preventiva.

El Canal de Isabel II, la poderosa empresa que gestiona las aguas de Madrid, fue utilizada por González y su círculo cercano para enriquecerse ilegalmente, según los investigadores. El juez instructor considera que el avance de la investigación de la operación Lezo ha disminuido el riesgo de que González continúe delinquiendo y de que se fugue al extranjero. Estaba encarcelado desde el 21 de abril.

El expresidente de la Comunidad de Madrid fue encarcelado el pasado 21 de abril, tras estallar la operación Lezo. El magistrado relata en el auto en el que aceptó la fianza, sin embargo, numerosos indicios contra González, a quien acusa de tapar los delitos de la trama del Canal cuando Alberto Ruiz-Gallardón, antiguo ministros del Partido Popular, presidía la Comunidad de Madrid.

Para valorar el menor riesgo de reiteración, el juez tiene en cuenta la actuación judicial coordinada con Colombia y Panamá, que ha limitado el «posible manejo de fondos en el extranjero» por parte del investigado. Anticorrupción apoyó suavizar la situación de González a pesar del grave horizonte que dibujan los delitos que le imputan, cuya penas podrían superar los veinte años de cárcel. La prisión preventiva busca evitar que un imputado entorpezca la investigación. La decisión, que puede ser acordada por un juez siempre que la solicite una acusación del caso, supone encarcelar a una persona que no ha sido aún juzgada ni condenada.

Aun así, el auto expone numerosos indicios sobre las espaldas del expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. El magistrado acusa a González de servirse de sus cargos públicos «para beneficiarse ilícitamente del patrimonio» de la Comunidad de Madrid, «mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones». Este saqueo se logró con «una actividad delictiva colectivamente ejecutada, en la que cada partícipe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo», concluye el juez.

La trama se extendió por Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia, con la compra de empresas como Inassa o Emissao. El magistrado también acusa a González de ocultar un informe que advertía de «indicios claros» en la compra de la primera, Inassa, en 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y por lo que la investigación también apunta hacia él.

El juez detalla que González forzó la declaración de interés público del proyecto del campo de golf del barrio madrileño de Chamberí para burlar las exigencias del Ayuntamiento, que pidió una serie de modificaciones en 2006 para conceder la licencia de obras. González era en ese momento a la vez el presidente del Canal y el vicepresidente de la Comunidad, cargo desde el que instó a tal declaración. La investigación continúa en marcha.