Tomás de Domingo Pérez (R).- En Alemania, allá por los años cincuenta, Erich Lüth publicó en un periódico una carta abierta en la que instaba a los dueños de salas de cine a no incluir en su programación una película del director Veit Harlam, debido a la colaboración de este con el nazismo. Asimismo, recomendaba a los espectadores que se abstuvieran de ir a ver la película. Esta incitación al boicot hizo que Harlam demandara a Lüth porque consideraba que voluntariamente le había causado un daño. El caso fue que el asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional Federal alemán y dio lugar a una sentencia clave en la historia del neoconstitucionalismo europeo. El Tribunal amparó a Lüth por considerar que la incitación al boicot constituía un ejercicio lícito del derecho a la libre expresión, señalando que así debían haberlo tenido en cuenta los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

En efecto, el derecho a la libre expresión no sólo ampara la manifestación de ideas u opiniones, sino que permite persuadir, ejercer una influencia intelectual sobre otras personas. Lo que no protege, así lo confirma también nuestro Tribunal Constitucional, es el ejercicio de la coacción o la difamación. La incitación al boicot es lícita si no priva de libertad a los destinatarios del mensaje para que sigan o no la consigna, y si no se apoya en falsedades. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha llegado a afirmar en la sentencia Blinkfüer que la llamada al boicot es lícita incluso si proviene de un competidor en el ámbito profesional o económico con gran poder. Fíjense en esta afirmación del Tribunal: “Si quien incita al boicot posee poder económico, su influencia puede ser relevante, pero este hecho por sí mismo no convierte la incitación al boicot en algo inadmisible. La Constitución no prohíbe que quien ostenta un mayor poder económico tome partido en un debate intelectual de opinión”.

La incitación al boicot es una conducta perfectamente lícita, aunque sin duda puede apoyarse en argumentos débiles, insostenibles o incoherentes y, por consiguiente, criticables. Por otra parte, si el boicot que se pretende consiste en no comprar determinados productos, en realidad la medida no podría ser calificada de injusta, pues quien vende sólo tiene derecho a poner en el mercado sus productos y a que no se viertan falsedades sobre ellos o sobre la empresa que los produce. Por tanto, si el consumidor no los elige no vulnera derecho alguno y no comete una injusticia. Eso no significa, sin embargo, que el boicot esté justificado. Para llegar a esa conclusión habría que debatir sobre las razones que se esgrimen para promoverlo. Así, por ejemplo, me parece razonable no comprar productos que se fabrican con métodos altamente contaminantes, o abstenerse de adquirir prendas elaboradas en fábricas en las que trabajan niños explotados.

Pero estos días no se habla de estos casos, sino del boicot a los productos catalanes. Se ha encendido la luz de alarma y han aparecido voces que amenazan con acciones legales frente a quienes insten al boicot. Pinchan en hueso, pues, como acabo de mostrar, se está ante un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión. Pero esas amenazas desvían la atención de lo verdaderamente importante. ¿Qué sucede en España para que muchos ciudadanos por su propia voluntad hayan decidido no comprar productos catalanes? El boicot es ante todo una medida de presión que pretende llamar la atención y conseguir algo. Es una forma de expresarse. Pues bien, ¿qué está pasando en España para que muchos ciudadanos recurran al boicot como forma de expresión? Esto es lo que hay que analizar. La respuesta es clara: muchos ciudadanos no encuentran otro modo de exteriorizar su rechazo a lo que se está promoviendo desde Cataluña.

Lo cierto es que el éxito del boicot a los productos catalanes es un síntoma del estado de la sociedad española. Parece mentira que se haya llegado a una situación en la que los consumidores distingan a la hora de comprar entre productos de diferentes comunidades. Es lamentable que esto suceda, pero en cualquier caso yo quiero subrayar y defender la libertad del ciudadano para decidir si emprende o no un boicot, así como la de todo aquel que quiera aportar razones para promoverlo o criticarlo.