Agentes de la Guardia Civil salen del Complejo Egara, la comisaria central de los Mossos d’Esquadra, una de las comisarias en las que se ha personado la mañana de este jueves la Guardia Civil con una orden para requerir las comunicaciones de los agentes durante la jornada del referéndum del 1-O, dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Los Mossos d’Esquadra «llegaron a espiar» las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el 1-O para alertar a los congregados en los colegios de su llegada, según afirma la juez de la Audiencia Carmen Lamela en los autos de prisión por rebelión del exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsellers.

Según relata Lamela en sus autos, «en la gran mayoría de los casos, la actitud mostrada por los Mossos d’Esquadra, fue pasiva manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos».

De hecho, añade la juez, en algunos casos, agentes de los Mossos llegaron «a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraba en el lugar».

Además, «se impulsaron acciones de rechazo por parte, no solo de las instituciones -catalanas-, sino de forma multitudinaria por la sociedad civil, alentada por los propios querellados en contra de los funcionarios de la Policía y Guardia Civil destacados en Cataluña».

Hace así alusión la magistrada, al igual que hacía la Fiscalía en sus querellas, a los episodios de acoso a los que han sido sometidos los agentes allí desplazados para impedir el referéndum y que provocó la salida de varios grupos de guardias civiles y policías de los lugares en los que se habían alojado ante la presión de los independentistas.

Recuerda también Lamela cómo «la declaración de independencia impulsada por los querellados llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio» que ello representaba.

A este respecto hace referencia a unas declaraciones que hizo el pasado 11 de octubre el exconseller de Interior Joaquim Forn, uno de los nueve que ha ido hoy a prisión por rebelión y quien, al ser preguntado si habría un enfrentamiento entre Mossos y Guardia Civil y Policía, manifestó: «Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política no habrá colisión entre policías».

En julio, y con respecto a la celebración del referéndum ilegal, Forn también expuso en un diario catalán que los Mossos «permitirían» votar «con tranquilidad» y el 29 de septiembre, en un diario digital, insistió en que los agentes de la Policía catalana «cumplirán la Ley y permitirán votar el 1-O».

También, señala el auto, en los planes independentistas se barajaba el papel que los Mossos habrían de desempeñar «en el Estado independiente», «planteándose incluso la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa y/o defensa».

Antes de admitir la querella de la Fiscalía por rebelión contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 12 exconsellers, la juez investigaba en esta misma causa por el delito de sedición al que fuera mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, al que rechazó meter en la cárcel como le pidió el fiscal y le impuso medidas cautelares más leves, entre ellas la entrega del pasaporte.

Hasta el momento, por esta causa solo estaban en prisión desde el 16 de octubre los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cuyos recursos solicitando la puesta en libertad serán estudiados mañana por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.