El pasado viernes, día 27, se produjo un golpe de estado en Cataluña, en principio incruento, pero victorioso.

70 diputados cobardes, amparándose en el anonimato, proclamaron la “república catalana” (el parlamento tiene 135 miembros).

Esta votación se produjo al mediodía, pero los jueces y fiscales no podían ocuparse, y mucho menos preocuparse, de lo que era un clamor general: la necesidad de que el Estado de Derecho afrontase la situación.

Los magistrados del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia, audiencia nacional, fiscales de la Fiscalía General, etc., no trabajan el fin de semana, ni que se hunda el mundo.

Da igual que haya un golpe de estado, y que Cataluña pueda ser durante tres días, como mínimo, “la república de su casa”. Eso es lo de menos. Lo primero es lo primero.

A excepción de los jueces de guardia, que como su nombre indica trabajan durante el fin de semana, noches, etc., para dar “salida” a cualquier delito, parece ser que nuestros altos tribunales, y la propia Fiscalía General, no contemplan esa posibilidad para situaciones como la que describo, que son de una gravedad extrema.

Recuerdo que cuando el señor Tejero hizo un pronunciamiento militar, el golpe del 23 de febrero de 1981, rápidamente la justicia militar ordenó su detención e ingreso en prisión. Es más, creo que el teniente coronel y todos sus cómplices entregaron voluntariamente sus armas a sus propios compañeros, y pasaron a la situación de presos preventivos.

Eso es lo que procede en cualquier Estado de Derecho serio.

Perro estos golpistas, que no solamente han querido hacerse con el poder, con todo el poder, en Cataluña, sino destruir la unidad e integridad de nuestra Patria, no solamente no se han entregado voluntariamente, sino que siguen viviendo tan tranquilos, y en el caso del ex presidente, con coche oficial, chófer y escoltas, como he podido ver hoy mismo en televisión, un día y medio después de los hechos.

¡Y con la perspectiva de cobrar una pensión vitalicia de 115.000 euros anuales, sujeta a los incrementos del IPC, por supuesto, a sus 53 años de edad, con “derecho” a coche oficial, escoltas, secretarias, despacho y oficinas con cargo a la Generalidad, es decir a todos nosotros, pues Cataluña va camino de ser un erial!

Me pregunto, y creo que muchos españoles también: ¿qué hemos hecho para merecer esto?

¿Es que el Gobierno no podía oficiar al Poder Judicial comunicando lo sucedido, para que actuase en consecuencia, ante unos hechos que, además, son públicos y notorios?

¿O la Fiscalía General no debería haber denunciado rápidamente lo sucedido, presentando una simple denuncia, sin perjuicio de materializar y ampliar posteriormente los hechos y fundamentos de derecho aplicables al caso, pues ya sabemos que la querella exige más tiempo?

De cualquier forma lo que iba a suceder lo podía ver hasta un ciego, y la querella podía estar ya preparada, a salvo solo de añadir las últimas incidencias.

¿De qué tiene miedo el gobierno del PP? ¿Será verdad que la familia Pujol, que sigo pensando está detrás de todo esto, tiene mucha información y amenaza con divulgarla, urbi et orbe, si se ataca demasiado a sus cachorros, palanganeros y mamporreros?

El Rey sigue desaparecido, y los militares también. Habrá que ir pensando en suprimir los artículos 2 y 8 de la Constitución, así como el 62, h)., pues parece ser que no sirven para nada.

De seguir así las cosas, yo pronto voy a ser republicano, pero no de la nueva república catalana, sino de la tercera república española.

Pobre España. Y pobres españoles.

*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.