Los presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y su entorno proindependentista han elaborado un relato victimista del currículo criminal que les ha llevado a la cárcel de forma preventiva. No es solo la gravedad del delito presuntamente cometido (sedición) lo que ha justificado esta medida, sino que la juez considera que en los dos casos se dan, no una -que ya habría sido suficiente-, sino las tres causas que justifican en fase de instrucción la adopción de una medida privativa de libertad: riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas u obstrucción a la justicia.

El auto judicial es claro, y en base a él, desmontamos las mentiras de estos dos agitadores callejeros, autodenominados presos políticos, sobre lo sucedido el 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. Ese día la Policía Judicial practicaba registros tendentes a evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, mientras en otros puntos de Barcelona el juez ordenaba detener a altos cargos de la Generalitat.

Son presos políticos

En realidad, y aunque preventivos, son presos comunes, y no por la comisión de cualquier delito, sino uno de los más graves contra las instituciones del Estado. La sedición está castigada con entre ocho y quince años de cárcel. «Son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes (…)».

No organizaron nada

La juez les considera promotores de las movilizaciones, y una vez allí, ante la fachada de la Consejería, interlocutores de la concentración. Se subieron a un coche de la Guardia Civil y, altavoz en mano, alentaron a la multitud para que permaneciera allí concentrada, violentando e intentando entorpecer la labor de la comitiva judicial. Prueba de que la manifestación no fue fruto de la improvisación no fueron solo los llamamientos de sus líderes, sino el hecho de que la ANC montara un puesto para voluntarios donde podían recoger chalecos de colores y donde se organizaban turnos de relevo. Además fueron Sánchez y Cuixart quienes intentaron «negociar» con la Guardia Civil hasta en cinco ocasiones «planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos». No aceptaron instar a la gente a que se disolviera «para evitar o disminuir riesgos», como les pidió la Policía.

Protestas aisladas

Ni fueron aisladas ni casuales. «Las actividades descritas se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los dos investigados, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña.

Una manifestación pacífica

En las convocatorias que partieron de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural «no se hacía un llamamiento a una manifestación pacífica, sino para la protección de sus gobernantes e instituciones mediante movilizaciones ciudadanas masivas frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales». Lamela recuerda que los congregados pincharon ruedas, destrozaron vehículos de la Guardia Civil, impidieron a sus agentes y a los integrantes de la comitiva judicial abandonar los edificios tras los registros practicados, se sentaron delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad y procedieron a empujar a los agentes y bloquear la salida de un vehículo de la Benemérita.

Contra los registros

La finalidad inmediata de las manifestaciones no era protestar contra los registros, sino «impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrolar sus funciones en cumplimiento de la ley».