Juan Luis Cebrián

Amber Capital, propietario de un 19,2% del accionariado, le exigió abandonar las funciones ejecutivas y ceder la gestión al nuevo consejero delegado, Manuel Mirat, en un plazo máximo de seis años, bajo la amenaza de intentar por enésima vez su destitución. Con el apoyo de HSBC, CaixaBank y Banco Santander, entre otros, Amber logró ya un vuelco en la gestión de Prisa y Cebrián se vio obligado a sustituir al hasta ahora consejero delegado, José Luis Sainz, por Manuel Mirat, que desde 2015 era consejero delegado de El País y Prisa Noticias.

El acuerdo se fraguó en los días previos a la junta, aunque, a última hora, Cebrián logró que su contrato como presidente ejecutivo no se modificara. De hecho, tras la reunión aseguró en declaraciones a los medios que él se mantendría en el cargo como máximo responsable del grupo hasta diciembre de 2018.

La posibilidad de que dejara los poderes ejecutivos antes de que acabase el año formaba parte, en principio, de una serie de acuerdos alcanzados entre los accionistas críticos y el resto del consejo. De hecho, fue eso lo que permitió a Cebrián obtener el respaldo mayoritario en la junta -de más del 92% del accionariado- tanto a su gestión en la empresa como a la remuneración percibida en el último ejercicio y a la política retributiva de los próximos tres años. Y eso a pesar de que Joseph Oughourlian, el representante de Amber, había votado en contra en el consejo de administración en el que se aprobó el plan de remuneración y se movilizó para que se volviera a votar en la Junta de Accionistas, al imponerlo como otro punto del día.

Su próximo gran vencimiento, a la vista
A Juan Luis Cebrián se le estaba acabando el tiempo y las opciones para cumplir con sus acreedores. El hasta ahora presidente de Prisa llevaba varios años vendiendo activos, subastando deuda y realizando ampliaciones de capital para reducir su elevada deuda, que llegó a rozar los 5.000 millones de euros en 2007, y evitar la liquidación del grupo. Así, tras esquivar varias amenazas de quiebra con la venta de Canal+, Alfaguara, el 14,3% de Mediaset, el 25% de su capital, la portuguesa Media Capital y seis ampliaciones por unos 1.260 millones de euros, el grupo se enfrenta a su próximo gran vencimiento sin casi balas en la recámara, un accionariado dividido y la creciente desconfianza del mercado.

La dueña de El País necesita conseguir 956,5 millones de euros en menos de un año para afrontar el pago de la deuda que vence y evitar que los fondos buitre se repartan lo que queda del grupo. No en vano, dos tercios de la deuda crediticia de Prisa ha sido vendida a los fondos Angelo Gordon, Och-Ziff y Avenue que, ante la falta de refinanciación bancaria o del pago de la misma, podrán proceder a ejecutar los activos del grupo que comandaba Cebrián.

Y es que para conseguir el último balón de oxigeno de 2013 y refinanciar su deuda, Cebrián se vio obligado a poner en garantía casi todos los activos del grupo. Por ejemplo, los tramos 2 y 3 del pasivo y los préstamos participativos, que suman 1.573 millones de euros y vencen entre 2018 y 2019 están garantizados con Dédalo, El País, Norprensa y la Cadena Ser, Santillana Educación, Vertix y Media Capital, entre otros. Y el problema es que cada vez que el grupo vende un activo tiene que compensar la pérdida de las garantías reales y personales.