La reacción del nacionalismo separatista catalán a las decisiones de los tribunales de Justicia está revelando el sesgo totalitario de sus dirigentes y de sus objetivos. Promueven una Cataluña depurada de «traidores» y cargan contra los catalanes que se sienten españoles, acosan las sedes judiciales e intimidan a los medios de comunicación. El Gobierno central, por boca de Mariano Rajoy, se ha comprometido a no dejar ninguna ilegalidad sin respuesta. Este compromiso, puesto en relación con el contexto insurreccional que están promoviendo en Cataluña el Gobierno autonómico y las organizaciones secesionistas, implica mucho más que promover la persecución penal de altos cargos y evitar la colocación de urnas. Supone llevar la vigencia de la ley y de la Constitución a cada rincón de Cataluña. La pasividad de los Mossos ante el acoso salvaje de una turba separatista o el boicot de los estibadores a la operatividad de los barcos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son oportunidades que tiene el Gobierno para demostrar que ninguna ilegalidad quedará sin respuesta.

Sin embargo, el nacionalismo separatista ha elegido otro episodio para mostrar su rostro más totalitario, el de la utilización de menores de edad, empujados a incumplir el horario escolar para participar en las manifestaciones callejeras convocadas contra jueces y policías que defienden el Estado de Derecho. Diversos centros escolares de Cataluña, por iniciativa propia o por petición de los padres, tanto da, han incumplido la normativa sobre escolarización, lo cual ya es inaceptable por sí solo, con el agravante de que la causa era sumar a los alumnos al desafío anticonstitucional. El Gobierno, a través de la Alta Inspección del Estado, debe intervenir en estos centros y depurar las responsabilidades. El coste en Cataluña de entregar la educación al nacionalismo ha sido demasiado alto. Se han tolerado abusos e ilegalidades de forma injustificada, desde el incumplimiento de sentencias sobre la enseñanza en castellano hasta el adoctrinamiento nacionalista en los libros de texto. Mal pronóstico el de esta generación de jóvenes catalanes educados en la exasperación y la ilegalidad.

No nos engañemos. La campaña secesionista 1-O es el resultado de statu quo histórico que debe cambiar y no renovarse a partir del día siguiente con ofertas de diálogo -«dentro de la legalidad», se dice, como si esto es lo que el nacionalismo estuviera esperando- y de propuestas de reforma constitucional que sólo supondrían beneficiar al agresor y dejar sin razones a quienes lealmente están defendiendo la Constitución. El 1-O no es la fecha de caducidad de todos los errores cometidos con la claudicación constitucional del Estado en Cataluña, sino la prueba fehaciente de que hay que corregirlos para dar prioridad a la convivencia, la unidad y la Constitución.