Josep Lluis Trapero, ayer en la Diada con Puigdemont

La Fiscalía de Cataluña ha ordenado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña que “requisen urnas” y todo el material del referéndum y que denuncien cualquier “acto” de las autoridades encaminado a organizar el 1-O.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha dado hoy esas directrices a Trapero, así a como los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, en el transcurso de una reunión a la que los ha convocado hoy en la sede del ministerio público en Barcelona.

Según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa, a los mandos policiales se les ha recordado que “queda fuera de toda duda la ilegalidad” de cualquier acto dirigido a llevar a cabo el referéndum de independencia, por lo que se les ordena “adoptar las medidas necesarias” para intervenir los “efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”.

Concretamente, la instrucción de la Fiscalía incluye requisar “urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal”.

Asimismo, la Fiscalía ha indicado a los cuerpos policiales que deben “elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno” ante los “actos” encaminados a preparar y celebrar el referéndum que lleven a cabo “autoridades o funcionarios públicos o particulares en connivencia con aquellos”.

Ante esas situaciones, añade el ministerio público, la policía judicial “procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes”.

El ministerio público ha recordado a los mandos policiales que la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum “hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores” puedan constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, delito que recuerda está penado con hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía mantendrá mañana reuniones similares en sus sedes provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para comunicar las mismas directrices sobre el referéndum a los responsables policiales de cada una de esas demarcaciones.

Los tres mandos han comparecido desde las 12 hasta las 12.30 horas a una reunión tras la orden de Fiscalía General del Estado para intervenir material vinculado al referéndum e impedir cualquier acto destinado a la preparación de la consulta independentista.

Los tres responsables policiales han salido en coche sin hacer declaraciones a los medios.

La cita ha sido convocada en la sede de la Fiscalía Superior en la calle Pau Claris de Barcelona, adonde Trapero ha llegado en coche y ha entrado a pie a las 11.54 horas.

Minutos antes llegaban Sebastián Trapote, en un coche que ha accedido directamente al aparcamiento, y Angel Gozalo, que ha entrado a pie.

El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio que ordena a los máximos responsables de estos cuerpos en las cuatro provincias catalanas actuar ante el 1-O interviniendo material si es necesario, y elaborando atestados ante “cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares”.

La primera actuación de este tipo la hizo el viernes y el sábado la Guardia Civil al entrar en una imprenta de Constantí (Tarragona) y en la sede de la revista ‘El Vallenc’ en Valls (Tarragona) por posible relación con material relacionado para el 1-O.

Además, el Tribunal Constitucional apercibió el viernes a Trapero, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tras suspender cautelarmente el 1-O.

El TC ha acordado apercibir a más de 1.000 cargos públicos –unos 60 altos mandatarios de la Generalitat y todos los alcaldes de Cataluña– de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa sobre el 1-O.