Carles Puigdemont

El separatismo es la enfermedad moral de Cataluña. No hay que engañarse con los actos unitarios de duelo público tras los atentados de Barcelona y Cambrils, porque apenas han podido tapar la pulsión segregacionista que se ha instalado en la política catalana. Las pruebas abundan hasta la náusea. El consejero Joaquim Forn hizo un balance público de víctimas en el que trataba como extranjeros a los fallecidos españoles no catalanes. Ni siquiera cuando se comparte la mano del verdugo han sido capaces de sentir un mínimo de comunidad con el resto de España. Los de la CUP han anunciado que no asistirán a la manifestación convocada contra el terrorismo si acuden el Rey o el Gobierno de la Nación. Nada se perderá con la ausencia de estos apologistas de la violencia antiturista y de otras violencias, pero sus condiciones demuestran cuál es realmente su podrida escala de prioridades, tan tóxica como su aportación a la vida pública de Cataluña, vital para los separatistas pues son ellos quienes marcan el ritmo y las exigencias. La autodenominada Asamblea Nacional Catalana ha pedido que no se muestren condolencias con la exhibición de la bandera española. Retrato fiel del totalitarismo asfixiante de un nacionalismo, similar al de los años treinta del siglo pasado, que exige banderas para aceptar el pésame. Entre tanto, tropas libanesas ondeaban la bandera de España en una colina arrebatada al Estado Islámico como muestra de apoyo a nuestro país y de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Nada de esto es anómalo, por desgracia, sino coherente con la pérdida de valores en parte de la sociedad catalana, que consiente ser gobernada por una clase política incapaz de adaptar su discurso a una masacre terrorista. No se puede esperar otra cosa cuando el mismo Carles Puigdemont confirmó que el proceso de separación no se vería afectado por los atentados. Cuando el responsable político llamado a liderar la respuesta ciudadana se comporta como un agitador insensible, la posterior cascada de insensateces viene sola.

Además, es imposible que el «procés» no se vea afectado por este golpe terrorista. Es imposible porque la Generalitat no puede abrir una brecha de confianza con el Estado del que forma parte cuando la vida de sus ciudadanos corre peligro por un islamismo extremista sólidamente asentado en su territorio, entre causas, por una política de llamamiento a inmigrantes no hispanohablantes. Y, en todo caso, si las autoridades catalanes quieren manipular la tragedia terrorista como una oportunidad de su agenda separatista, para copar todo el protagonismo ante la opinión pública internacional, que asuman también la responsabilidad de contestar a la pregunta del ministro del Interior italiano de por qué no se instalaron bolardos en las Ramblas.