Javier Lambán (PSOE) y Pablo Echenique (Podemos). Aunque parezca mentira, estos dos mandan en Aragón.

Llegados a este punto, el lector se preguntará cómo el pueblo puede aguantar todo esto sin rebelarse. La clave está en un adoctrinamiento feroz desde la infancia sumado a una cretinización colectiva, con unos métodos que alcanzan una eficacia mayor a la de países unánimamente considerados totalitarios. España camina hacia la censura implacable, de tal suerte que manifestarse patriota, heterosexual, católico o persona sobria conllevará un alto riesgo. Y en este contexto de moral de cloaca, de derrumbe civilizacional, ¿pretenden que nos preocupemos por el cambio climático?

El Gobierno de Aragón (PSOE-Chunta Aragonesista) ha dado el pistoletazo de salida al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto legal que nace con el compromiso firme, según el portavoz del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, de que “ninguna sociedad olvide su pasado si no quiere exponerse a repetirlo”.

La Ley, según defiende el Gobierno de Javier Lambán, pretende ser el proyecto legal más ambicioso de España en el ámbito de la memoria histórica. Incluso más amplio que el aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, las “expresiones que ofendan la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil” podrán multarse con hasta 150.000 euros. Por ejemplo, según fuentes del Gobierno de Aragón, “cualquier cántico como el Cara al sol, el saludo romano brazo en alto o decir ¡viva Franco! pueden ser sancionados”.

Siguiendo los criterios de “verdad, justicia y reparación”, la ley arbitra además una batería de medidas: la posibilidad de realizar exhumaciones; la creación de un censo de Memoria Democrática; la apertura de una web divulgativa como instrumento de comunicación; la petición al Gobierno de España para derogar la Ley de Amnistía de 1977 en los casos en los que ampare la impunidad y la celebración del día de la Memoria Democrática en el calendario aragonés –el 3 de marzo- con motivo del bombardeo sobre Alcañiz (Teruel) en 1938. Aquella acción bélica causó más de quinientos muertos y es un “símbolo del sufrimiento de la población civil”, según ha dicho Guillén.

Los juicios franquistas

El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Aragón entiende que las instituciones “deben asumir su responsabilidad en el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista”. Precisamente, esta Ley de Memoria Democrática fue un firme compromiso de Javier Lambán durante su campaña electoral en el año 2015.

La nueva ley, que será aprobada en pocos meses en las Cortes de Aragón por la mayoría de la izquierda aragonesa (PSOE, Podemos, Chunta e IU), recoge una serie de iniciativas políticas que puede desplegar el gobierno aragonés y otras peticiones para que las ejecute el Gobierno de España.

Por ejemplo, Aragón solicitará en la Ley de Memoria Democrática al Estado “la anulación de los juicios franquistas” por ser “ilegítimos” o “la derogación -total o parcial- de la Ley de Amnistía de 1977” en los casos en los que ampare la impunidad.

Ocho años más de Memoria

Esta nueva ley amplía el periodo que reconoce la ley estatal de Memoria Histórica. En Aragón, será entre 1931 y 1978, en lugar de 1939. El proyecto de ley también prevé una actualización del mapa de fosas; la aprobación de un reglamento autonómico que contendrá un protocolo de exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del franquismo y la creación de un depósito de ADN.

También está recogido en la ley la creación de un censo de símbolos franquistas. Esto obligaría retirar de los espacios públicos placas, escudos o insignias alusivas a la Guerra Civil y al franquismo. Según cita la ley, “se revocarán los acuerdos de cualquier distinción o título honorífico o exaltación de las personas vinculas al régimen franquista”.

Las multas, de 200 hasta 150.000 euros

La ley aragonesa de Memoria Democrática incluye un régimen sancionador. Una sanciones que pueden ser “leves”, “graves” o “muy graves” y que conllevan multas de entre 200 y 150.000 euros.

El texto reconoce como infracciones “el traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos o fosas sin la autorización pertinente”, la realización de “excavaciones con el ánimo de exhumar restos de víctimas” y la “destrucción de un bien” o parte del mismo que está considerado como Memoria Democrática.

Sin embargo, no sólo las acciones se sancionarán, también las palabras. Destaca también como infracción “emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales”.

Fuentes del Gobierno de Aragón reconocen a este periódico que, respecto a la última infracción, “las sanciones podrían alcanzar hasta 150.000 euros por ser habituales en algunos espacios políticos, deportivos o públicos”. Concretamente, este apartado de la ley -recogida como infracción grave- prohíbe cualquier grito o cántico que “engrandezca el régimen franquista o la Guerra Civil. Cantar el Cara al sol o gritar ¡viva Franco!sería constitutivo de sanción”.

Fuente: El Español