Interior de una clase en un centro escolar en Cataluña (foto ABC)

Las alarmas saltaron en septiembre de 2015 con el denominado caso de Balaguer (Lérida), donde una familia que pedía más enseñanza en castellano para sus dos hijos fue víctima de una campaña de acoso público que le obligó a cerrar su negocio y a escolarizar a sus dos pequeños en un centro a 30 km. El caso, que llegó al Defensor del Pueblo catalán, generó especial polémica porque se apuntó, por primera vez, a las autoridades políticas como responsables, en parte, del hostigamiento a estas familias. Representantes de varias formaciones políticas (CDC, Unió, ERC, la CUP y PSC) secundaron una masiva protesta convocada por los padres del colegio Gaspar de Portolà en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -de junio de 2015- que ordenaba impartir el 25% de las clases en castellano en las aulas de los dos alumnos afectados. Además, se acusó a los responsables del colegio y a la propia consejería de Enseñanza de «filtrar los datos de las familias», lo que permitió el acoso. La Generalitat negó en todo momento su implicación en el conflicto.

Ahora, un escrito publicado en la revista digital del Ayuntamiento de Castelldefels, localidad en la que una treintena de familias del colegio Josep Guinovart han reclamado también escuela bilingüe para sus hijos, da fe, de nuevo, de que el acoso a estos padres no es solo por parte de la comunidad educativa. «Es la primera vez que un gobierno, en este caso local, se posiciona tan explícitamente contra las familias que reclaman esta opción para sus hijos. Siempre hemos denunciado que el conflicto lingüístico está politizado. Ésta es una prueba fehaciente de que es así», denuncia en declaraciones a ABC Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha amparado y asesorado a estos padres en su proceso reivindicativo.

En el escrito, consultado por ABC, el Ayuntamiento, a través de su revista, defiende abiertamente el actual modelo de inmersión educativa y «se pone al lado de las familias del colegio afectadas por la rotura del proyecto inclusivo en catalán». «Lo que está diciendo implicitamente es que no apoya a los otros padres que, amparados por la ley y la Constitución, han pedido más castellano para sus hijos», precisa Losada.

Veinte familias avaladas

El Consistorio recuerda que en base a diferentes fallos judiciales, el centro está obligado a impartir el próximo curso «como mínimo el 25 por ciento de las clases en castellano en la mitad de las aulas». De hecho, de las 30 familias que reclamaron judicialmente ese derecho, una veintena ya han sido avaladas por la justicia. «Eso significa que todos los cursos excepto P3 y sexto de Primaria tienen alumnos afectados y tendrán que impartir más castellano», precisa la portavoz de la AEB.

El Ayuntamiento cuestiona también la actual ley educativa vigente (Lomce). «La sentencia tiene su marco legal en la Lomce, conocida popularmente como ‘Ley Wert’, que establece que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y que la Generalitat debe asumir el coste de escolarizar en castellano a los alumnos cuyas familias lo hayan pedido. Esta ley del gobierno del PP provocó un gran rechazo en muchas capas de la sociedad, no sólo en la comunidad educativa», apunta la noticia municipal.

Desde que empezarom a llover las sentencias judiciales en el colegio de Castelldefels, en noviembre de 2016, «estas familias han sufrido continuas e inaceptables presiones por parte de la dirección del centro, del Ayuntamiento, del sindicato Ustec y de la entidad Somescola», afirma Ana Losada. «La directora y la jefa de estudios han fomentado el enfrentamiento entre las familias, al mostrar su oposición a la sentencia del TSJC y al animar a otros padres a organizarse y a protestar». El Ayuntamiento de Castelldefels fue arrebatado al PP en las últimas elecciones y pasó a manos del PSC, Movem Castelldefels (ICV-EUiA), ERC y Castelldefels Sí Pot, que llegaron a un acuerdo para formar gobierno. La que fue concejal de educación durante años en este consistorio, es según denuncia la AEB, la que «ha orquestado el movimiento contra estas familias desde la asociación de padres».

Pese a la lluvia de fallos a favor de estas familias, la postura de la consejería ha sido siempre la misma. «Se escudan en que la Ley Educativa Catalana (LEC) blinda la inmersión y en que, según ellos, ya se están aplicando en este curso 206-2017 las medidas cautelares impuestas por el alto tribunal catalán», aseguran a este diario algunas madres afectadas por las sentencias.

Los defensores del bilingüismo no están de acuerdo en cómo se han estado aplicando los fallos y llevan meses denunciando ante la justicia y las autoridades educativas «el cumplimiento a medias de los fallos». Según cuenta ABC, finalmente el colegio ha optado por una decisión más global y establecerá doble línea el próximo curso 2017-2018.

Doble línea en 2017-18

Así lo reconoce en una nota que ha colgado en algunas aulas del colegio, a la que ha tenido acceso este diario. En ella (hay varias, una por curso) se establecen dos grupos de alumnos por cada curso distinguiendo entre los que piden o han pedido escolarización en castellano y los que no. La AEB reconoce que es un paso hacia adelante, aunque no la opción óptima, ya que puede «ser discriminatoria» y causar «segregación», informa Esther Armora.

Fuente: ABC