El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado este lunes que la institución fiscalizadora exigirá identificar a los ciudadanos que contribuyeron a la financiación de Podemos a través de sus microcréditos para comprobar si se ingresaron en las cuentas corrientes adecuadas y si se devolvió el dinero a los acreedores. Todo ello tras las informaciones llevadas a cabo por ABC sobre el rol de su Fundación en el pago del famoso programa – catálogo de Ikea, con el que la formación concurrió a las elecciones del 26 – J.

A pesar de que inicialmente la formación de Pablo Iglesias había usado el «crowdfunding» (microdonaciones), desde 2015 Podemos ha venido echando mano para sus campaña electorales la fórmula de los microcréditos que le permite financiarse sin recurrir a la bancagracias a aportaciones de particulares, a quienes se devuelve el dinero pasado un tiempo, cuando el partido recibía las subvenciones públicas.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha presentado sus informes de fiscalización de las dos últimas elecciones generales (diciembre de 2015 y junio de 2016), Álvarez de Miranda ha sido preguntado por el PP por esta vía de financiación.

Como ha explicado el presidente del Tribunal de Cuentas, tanto el ‘crowdfunding’ como los microcréditos son «nuevas formas de algo muy viejo»: «Estas fórmulas de obtener dinero en pequeñas cuantías se han puesto de manifiesto a lo largo de los años», ha recordado, en alusión a las fiestas del PCE.

La labor del Tribunal de Cuentas, ha añadido, es «que quede muy claro» que estas fórmulas de financiación se ajusten a la ley y eso exige que se utilicen las cuentas electorales adecuadas y que las aportaciones estén «perfectamente identificadas».

Comprobaciones

La particularidad de los microcréditos es que no hubo tiempo material para realizar esa comprobación en el examen de los gastos electorales de 2015 y 2016, pues las cuentas que los partidos abren para un proceso electoral se cierran pasados los comicios.

Eso supone que la comprobación «se difiere» y, como los fondos de esas cuentas electorales se transfieren después a las que recogen el funcionamiento ordinario de los partidos, el Tribunal de Cuentas tendrá que contrastar los datos cuando prepare sus informes sobre la contabilidad anual de los partidos.

Al respecto, Álvarez de Mirando ha apuntado que «la comprobación no se puede hacer en periodo electoral, pero cuando llega la fiscalización del periodo correspondiente de la contabilidad ordinaria, se va a solicitar, y ya se solicita, la acreditación de que todos esos acreedores están debidamente registrados, que lo han hecho a través de cuentas corrientes habilitadas y que se ha demostrado o no que ha habido un reintegro de las cantidades percibidas».

El ha subrayado que no prejuzga que haya una situación de irregularidad con estas nuevas fórmulas de financiación, pero sí ha reiterado la petición del Tribunal de modificaciones legales para «que queden reguladas estas operaciones».