Cadena de presos gitanos en el siglo XVIII

Tras la Guerra de Sucesión, Felipe V, nuevo monarca de la dinastía borbónica, heredó la política discriminatoria contra los gitanos de los Austrias. Para evaluar y solucionar el «problema» se crearía, en 1721, la Junta de Gitanos. Tras un par de años de deliberaciones se llegó a la siguiente conclusión: no habiéndose conseguido eliminar las costumbres de los gitanos, ni someterlos a los mandamientos de la Iglesia, debían ser expulsados, recurriendo para ello a la prisión general.

«Dios nos ha concedido a los españoles, disimular o sufrir que entre sus fieles y católicos vasallos se mantengan los que llaman gitanos, gente que vive del robo, sacrilegio y otros castigos…», justificó el presidente del Consejo de Castilla, órgano máximo de gobierno en el reino, la persecución étnica.

Para ello, se consiguió del papa Benedicto XIV la pérdida del asilo eclesiástico, pues los gitanos se acogían a sagrado cuando eran perseguidos, y se estudió la expulsión de los «ciganos» de Portugal. Ante el fracaso de la experiencia portuguesa, la balanza se inclinó hacia el «exterminio biológico» de los gitanos españoles, frente a la opción, anteriormente contemplada de enviarlos como fuerza de trabajo a las minas de la América española.

El dosier, «Gitanos, la historia olvidada», recogido en el último número de la revista «Andalucía en la Historia», recoge un artículo de Manuel Martínez que recupera este vergonzante momento de la historia andaluza.

A las doce de la noche del 30 de julio de 1749 se inició la operación por la que se prendió y sacó de sus hogares a todos los gitanos del país, siendo la mayoría de ellos residentes en Andalucía. Separados por sexo, se enviaron a los lugares preparados para su reclusión. Para ello, se prepararon piquetes y partidas militares que disponían de las instrucciones a seguir y del listado de personas que debían ser detenidas en cada localidad.

En Andalucía se apresaron unos 5.500 gitanos, de un total de 9.000 en España, siendo enviados los hombres a La Carraca de Cádiz, mientras que las mujeres fueron recluidas en la Alcazaba de Málaga, todos bajo la orden del por otro lado ilustrado monarca Fernando VI. Los bienes de los apresados fueron decomisados para pagar los gastos de la operación y la manutención de los recluidos.

Casi en su totalidad, los gitanos no opusieron resistencia, incluso muchos, que en un primer momento huyeron de sus pueblos, se entregaron días después de forma voluntaria. En Vélez-Málaga, cuando llegaron las partidas militares, los gitanos, ante el asombro de los soldados, se dirigieron voluntariamente a la cárcel.

Cuando se procedió a separar a las familias, los gritos, los llantos y los forcejeos fueron inevitables, lo que suscito diversas quejas y dudas, ya que, ante el desconcierto y la gravedad de las medidas, se produjeron errores y denuncias falsas en diferentes partes de nuestra geografía. Las patéticas escenas llevarían a las autoridades, y al propio monarca, a reflexionar sobre la justicia de tan extrema iniciativa.

Ese mismo año, unos meses después de la gran redada, la Junta de Gitanos decidió centrar el proyecto de «exterminio» en los gitanos que contraviniesen las pragmáticas reales, optándose por liberar a todos aquellos que acreditasen una forma de vida cristiana. Pero la aplicación de esta norma quedó a la discrecionalidad, y a la injusticia, de los funcionarios reales.

Aquellos que no habían conseguido acreditar poder vivir según las normas vigentes, quedaban retenidos, siendo distribuidos por el Marqués de la Ensenada según su capacidad laboral: los hombres mayores de siete años fueron enviados a los arsenales, mientras que los menores de esa edad permanecían con sus madres a la espera de aprender un oficio en un futuro.

Más de cuatro mil personas, la mayoría andaluces, quedaron recluidos, sin haber cometido más delito que el ser gitanos. Tendrían que pasar quince años, de prisión, hambre, trabajos forzados y muerte, para que Carlos III les concediese el indulto a la mayoría, pero cientos de gitanos permanecerían presos en Cádiz, Sevilla y Málaga perpetuando una brecha social que ha tardado varios siglos en empezar a cerrarse.