Carles Puigdemont.

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este martes las partidas del presupuesto catalán que preveían la celebración de un referéndum independentista ilegal. El tribunal garante de la Constitución, reunido en pleno desde las once, ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, un paso que supone la suspensión inmediata de los preceptos recurridos, según han informado fuentes jurídicas. La Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont, ha insistido en su plan de convocar un referéndum antes de septiembre de 2017, en el que preguntará a los ciudadanos catalanes por la independencia de Cataluña, a pesar de que el TC ha dejado en papel mojado todos los pasos de la hoja de ruta secesionista.

Las partidas suspendidas, incluidas en los presupuestos de la Generalitat para 2017 (Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo), preveían cubrir cuestiones relacionadas con el referéndum ilegal, los «procesos electorales y consultas populares» y los «procesos de participación ciudadana». El Gobierno de Mariano Rajoy considera que estos preceptos vulneran la Constitución y el conjunto de normas que forman el bloque de constitucionalidad. Según el recurso, los presupuestos violan la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas marcada en la Constitución, puesto que una autonomía no tiene potestad para convocar un referéndum, como ha dejado claro en varias ocasiones el TC.

Ante una previsible desobediencia a la decisión, como en ocasiones anteriores, el Gobierno solicitó que la interposición del recurso sea notificada a altos cargos de la Generalitat y a altos funcionarios. La intención es que se den por enterados de forma personal de la decisión para que no puedan alegar desconocimiento, en caso de que la justicia penal actúe contra ellos por desoír el mandato del Tribunal Constitucional. Los condenados por el 9-N Artur Mas y Francesc Homs trataron de evitar su pena con este argumento. Con este paso, el TC no entra el fondo del asunto, pero suspende las partidas presupuestarias destinadas a cubrir la celebración de un referéndum independentista hasta que dicte una sentencia sobre ellas.