La mayoría de los 25 registros que efectuó ayer la Guardia Civil en Cataluña contra la trama del «3 por ciento» de supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), tenían como finalidad hacerse con copia de contratos de obras adjudicadas a cambio de donaciones.

Según fuentes de la investigación, algunos de los contratos alcanzan los 60 millones de euros. En los registros se han encontrado cantidades de dinero «no significativas», pero que han sido recogidas por los agentes para presentarlas ante el juez junto con las demás evidencias obtenidas.

La operación realizada ayer por la Benemérita contra dicha trama, la tercera, supone, salvo que aparezcan nuevas pistas, el final de las investigaciones.

El descubrimiento del sistema presuntamente fraudulento que utilizaba CDC para financiar sus actividades ha sido posible gracias a una minuciosa investigación de la Guardia Civil, que ha actuado a las órdenes del titular del Juzgado número 1 de El Vendrell, en unas diligencias que se mantienen parcialmente secretas.

Lo que empezó como una investigación local, por una denuncia contra el Ayuntamiento de Torredembarra, ha derivado en una de las mayores operaciones contra la corrupción política en España.

El asunto al que se enfrentaban los agentes de la Benemérita no era sencillo porque los que estaban detrás de la trama intentaron desde el principio dar un aspecto de legalidad a sus actividades. Todo empezaba, según las mismas fuentes, cuando desde la Fundación CatDem o la Fundación Forum Barcelona, ambas del entramado de CDC, se tenía conocimiento de que una empresa estaba interesada en participar en el concurso para la adjudicación de una obra licitada por ayuntamientos, diputaciones o la propia Generalitat de Cataluña, a través de su departamento de infraestructuras, que eran gobernadas por CDC.

Desde las citadas fundaciones, el tesorero de la CatDem, que también lo era de CDC, Andreu Viloca, se ponía en contacto con los responsables de dicha empresa a los que transmitía la conveniencia de contribuir al mantenimiento de las fundaciones.

Todo esto no dejaría de ser una hipótesis de los investigadores de la Benemérita sino fuera por el abundante material que se incautaron en los registros de CatDem y otros lugares, entre ellos la agenda de Viloca en la que lo apuntaba todo, como hombre metódico que trabajaba en la sombra: nombres, fechas, lugares y cantidades. Las aportaciones que se aconsejaba donar iban desde el 3 por ciento al 7 por ciento.

Además la Guardia Civil ha logrado a lo largo de las investigaciones evidenciar comunicaciones con empresarios sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias, donantes, etcétera.

A la Guardia Civil ya solo le faltaba «casar» las donaciones con las adjudicaciones, lo que ha logrado en decenas de casos.

Viloca llevaba el control de todo el entramado para que funcionara con apariencia de legalidad y los que tenían que hacer las donaciones, las formalizaran.

Después, por un medio tan fácil como puede ser una comunicación verbal, se hacía llegar a los adjudicadores los nombres de los que se habían hecho donantes de las fundaciones. La obra les era otorgada «legalmente» y el proceso, en lo que al contacto con los que pasaban por «taquilla», concluía. Después, por un sistema de facturas ficticias, el dinero terminaba en las arcas de CDC.