El menor de los hijos del expresidente de la Generalitad de Cataluña, Oleguer Pujol, c, acompañado de sus abogados, a su llegada a la Audiencia Nacional

Ramón Pérez-Maura.- Parece poco común que la Fiscalía pida prisión incondicional para alguien y un juez que admite que el acusado puede seguir cometiendo en la actualidad el delito de blanqueo de dinero se limite a retirarle el pasaporte. Porque Oleguer Pujol Ferrusola, sin necesidad de pasaporte, podría viajar hasta Raufarhöfn y pasarse los días contemplando el mar de Groenlandia a miles de kilómetros de España. Admito que esa posibilidad tampoco parece una juerga, pero comparado con una prisión madrileña debe de ser infinitamente más apetecible disfrutar del frío del norte de Europa.

Es evidente que el auge de los casos de corrupción que vivimos en España hace un gran daño a nuestro sistema político, aunque, cuando se da la cifra de 1.378 personas procesadas por delitos de corrupción en los últimos quince meses, habría que definir mejor a qué estamos llamando “corrupción”, porque es un saco en el que hay supuestos delitos de muy distinto pelaje.

Ver en el banquillo a personalidades de todo el espectro ideológico que han tenido responsabilidades de gobierno genera una amplia descalificación del sistema político que tenemos. Pero hay algo que puede ser todavía peor para nuestra democracia: la impunidad con que sigue circulando por el mundo la familia Pujol. Porque, cuando uno mira los delitos de los que están acusadas algunas de las personalidades conocidas de la opinión pública que han acabado en prisión en los últimos años, el trato de favor recibido por esta familia resulta especialmente obsceno.

Nada tengo que decir en favor de personajes como Francisco Granados, que lleva en prisión desde el 31 de octubre de 2014; o Luis Bárcenas, que estuvo en la cárcel año y medio; o Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed que se pasó en prisión preventiva seis meses, o tantos otros que podrían ser citados como ejemplos similares. Pero en el caso de la familia Pujol se da la hazaña, inigualada en nuestra historia, de que toda la familia está procesada por diferentes delitos económicos. Los dos padres y los siete hijos. Al fin esta semana, después de que ABC denunciara esta inverosímil situación el pasado martes, el fiscal que entiende el caso de Oleguer Pujol decidió pedir prisión incondicional. Pero el juez decidió que el encausado podrá seguir libre y viajando por medio mundo, de Islandia a Grecia, del Círculo Polar Ártico a Sicilia, mientras se sospecha que sigue blanqueando dinero, como confiesa haber hecho en el pasado.

El delito de blanqueo del patriarca, las negativas de la matriarca a declarar ante el juez, las comisiones ilegales de “Junior”, el supuesto cobro de la “herencia” del abuelo de Josep, Marta y Mireia, el blanqueo de Oleguer, la trama de las ITV de Oriol y la colaboración con la organización familiar de Pere no han ameritado en ningún caso una detención preventiva.

Ese nuevo estado que están intentado crear los cachorros políticos de Jordi Pujol ¿puede tener como padre putativo al cabeza de una familia así? Pues no se engañen: estos son los que han generado el principal problema político que tiene España hoy. Y aun así, los flagrantes delitos cometidos por el expresidente de la Generalitat –y parcialmente confesados por él mismo– han ameritado un trato de favor en comparación con lo que ha sido impuesto a otras personas acusadas de diferentes delitos económicos. Esto es España. Y encima, Jordi Pujol y los suyos se quejan de ella.