El exalcalde de Torremolinos (PP) y amigo de la condenada, Pedro Fernández Montes.

El Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado por el PP hasta 2015, pagó 27.500 euros anuales a Parque Animal, cuya presidenta, Carmen Marín Aguilar, ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga a casi cuatro años de prisión por los delitos de falsedad documental y maltrato animal. Fuentes municipales aseguran que el anterior Gobierno local mantenía un convenio con la protectora presidida por Carmen Marín, condenada por delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental, por el que el Consistorio también se hacía cargo de los costes de las incineraciones, que sólo en 2009 y 2010 ascendieron a más de 15.000 euros.

Marín ha sido acusada de realizar sacrificios masivos e injustificados, con la ayuda directa de otro trabajador del centro, a través del suministro de medicamentos eutanásicos en pequeñas dosis y de forma intramuscular en vez de intravenosa, algo que producía a los animales largos sufrimientos innecesarios hasta su muerte. El Seprona realizó una inspección sorpresa en las instalaciones de Parque Animal en octubre de 2010. En su informe, la Guardia Civil relata que encontró dos congeladores con 44 gatos, siete perros, una gaviota y dos cajas con despojos de carne troceada. Algunos de estos animales «no presentaban rigor mortis», por lo que habrían sido congelados antes de su fallecimiento. En el contenedor de la basura «había dos gatos muertos en bolsas de plástico y residuos sanitarios peligrosos».

El Seprona también encontró cinco facturas, con cargo al Ayuntamiento de Torremolinos, por la incineración de 702 animales (perros y gatos) entre el 30 de abril y el 31 de agosto de 2010. Los agentes mostraron «el asombro por el elevado número de animales incinerados en tan solo cinco meses» y recogieron las explicaciones de Carmen Marín, que aseguró que los animales habían sido eutanizados por el veterinario del centro, que sin embargo no había firmado los preceptivos certificados de cada eutanasia. Los trabajadores alegaron que era la propia Marín quien «sacrificaba animales, inyectándoles dolethal», una sustancia eutanásica. Según los empleados, Marín y su persona de confianza «se introducían en las jaulas a primera hora de la mañana, subían el volumen del hilo musical para que no se escucharan los alaridos y apagaban las cámaras de vigilancia».

Producto eutanásico

Carmen Marín posa con una placa entregada por el alcalde torremolinense, a su izquierda.

Uno de los trabajadores aseguró a los agentes del Seprona que Marín «se jactaba de sacrificar animales y recriminaba que los demás gastábamos mucho producto eutanásico y nos decía que con menos cantidad también se acababan muriendo», aunque la mala administración del producto causaba «agonía» en las mascotas. Pese al supuesto altruismo de la asociación presidida por Marín, la investigación de la Guardia Civil concluyó que «queda constatado que una parte importante de los ingresos obtenidos por Parque Animal procedentes de las aportaciones de los ciudadanos o de sus benefactores fueron utilizados por su presidenta para fines distintos para los que fue constituida la asociación», como alojamientos en hoteles de lujo, el pago de las obras del centro médico de su hija, la compra de un vehículo, asistencias a gimnasios y circuitos de hidromasaje, viajes en tren, comidas en restaurantes, ingresos en su cuenta corriente o compras en grandes almacenes. A pesar del demoledor informe del Seprona, varias asociaciones animalistas denuncian que el procedimiento que investiga supuestos delitos económicos «no termina de concretarse». La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Marín, que niega los hechos.

Comisión de investigación

La gestión de la protectora de animales de Torremolinos será objeto de una nueva comisión de investigación en el Ayuntamiento. El PSOE, que gobierna en minoría, anunció ayer que depurará «responsabilidades políticas y administrativas». Durante el juicio contra Marín y su ayudante, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) acusaron al Consistorio, por entonces gobernado por el PP con mayoría absoluta, de «no colaborar de forma alguna» con la investigación puesta en marcha en 2010. La Guardia Civil también aseguró que el entonces concejal de Medio Ambiente, Plácido González, «prohibió» declarar a los técnicos municipales.

Carmen Marín enviaba de forma periódica los listados de incineraciones al Ayuntamiento, que pagaba por estos servicios. Tras la apertura de la investigación, Marín recuperó estos listados para modificarlos incluyendo la intervención de veterinarios que nunca habían participado en los sacrificios, según declararon los agentes del Seprona. Ahora, tras la publicación de la sentencia, el Ayuntamiento abrirá una investigación para saber quién ordenó devolver los listados manipulados.

Los propios funcionarios confirmaron a la Guardia Civil que la documentación había sido devuelta «a fin de ser subsanada», algo no previsto en la normativa. El juez constató que, tras estas modificaciones, «existe una clara manipulación entre los listados que fueron entregados al Seprona».

El exterminio «masivo» de animales, según la sentencia, era una práctica habitual en la protectora de Torremolinos. El caso fue denunciado por un veterinario, una declaración que propició la apertura de una larga investigación por parte de la Guardia Civil. Durante el juicio, el jefe de la unidad afirmó que las irregularidades cometidas en Parque Animal «eran aceptadas cuando menos por el Ayuntamiento» y señaló que la asociación «incumplía en todos los extremos el pliego de condiciones», incluida la falta de justificación de las subvenciones que recibía del Consistorio por realizar un fin social. En este sentido, el juez considera que los delitos cometidos por Marín «tenían un fin lucrativo». Pese a esta situación, el Ayuntamiento mantuvo el contrato «por decreto de Alcaldía».

Pleno extraordinario

En 2013, tras una iniciativa de la oposición, el entonces regidor, Pedro Fernández Montes, convocó un pleno extraordinario monográfico. El PSOE e IU denunciaron irregularidades en la concesión del servicio de recogida de animales, aunque acabaron abandonando la sesión por desavenencias con el ya exalcalde, que llegó a afirmar que la actuación del Ayuntamiento había sido «intachable». El anterior equipo de Gobierno se comprometió durante el mencionado pleno a personarse «como perjudicado» en las diligencias instruidas por maltrato animal contra los responsables de la asociación, una decisión que nunca fue materializada.

El PSOE propondrá ahora la constitución de una comisión de investigación, una petición que ya presentó Costa del Sol Sí Puede en el pleno de mayo de 2016. El PP y Ciudadanos tumbaron la iniciativa pese a que el partido instrumental de Podemos presentó más de 5.000 firmas de vecinos que respaldaban la creación de esta mesa. Tras la publicación de la sentencia, la moción será previsiblemente aprobada en el próximo pleno.

El agente responsable del caso ha relatado que el Ayuntamiento de Torremolinos dio la concesión a Parque Animal para la recogida y traslado de animales en este municipio pese a que no cumplía con lo requerido en el pliego de condiciones, pero, abundando, desde el consistorio la colaboración con la investigación fue nula. La acusada se jactaba de su amistad con Pedro Fernández Montes. Asegura este agente al tribunal: “Los funcionarios ( del Ayuntamiento de Torremolinos) tengo que decir que siempre han colaborado activamente con nosotros, que estaban escandalizados por el trato que el ayuntamiento nos daba, sobre todo el trato en cuanto a la falta de colaboración, a la que por otra parte estaban obligados y nos decían que había una serie de irregularidades, entre ellas, que había permitido que la acusada Carmen Marín recuperara los listados( de sacrificios) para ella subsanarlos”.

Militante del PP

Martín fue acusada de matar a, al menos, 2.183 animales

A los agentes de la Guardia Civil no debería extrañarles la escasa o nula cooperación hallada por parte de los mandos y técnicos municipales de Torremolinos. Carmen Marín era una activa militante del PP, amiga del exalcalde torremolinense y una de las fijas en cualquiera de los actos que organizaba el partido.

Asimismo, en las cenas anuales de Parque Animal, supuestamente para recaudar fondos, uno de los acontecimientos sociales de referencia en la localidad costasoleña, era segura la presencia de Fernández Montes y de la práctica totalidad de los miembros de su equipo de gobierno.

También era conocida su amistad con el exconcejal de Medio Ambiente, Plácido González, del que se asegura que conocía al detalle los hechos por los que Carmen Marín tendrá ahora que entrar en prisión.