Jordi Pujol Ferrusola (d) acompañado de su abogado, Javier Carrillo (i), a la salida de los juzgados de Barcelona

Los agentes de la UDEF encargados de investigar a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer sostienen en un informe entregado al juez que la pareja «ha sustraido a la previsible acción de la justicia 4.464.463,27 euros una vez ya iniciado el procedimiento judicial».

El informe, que lleva fecha del pasado 27 de octubre, asevera que el primogénito de Jordi Pujol y la que fuera su esposa, Mercè Gironés, han usado un entramado en «jurisdicciones foráneas» para el «alzamiento de bienes». La Policía Judicial se lamenta de que los «cuantiosos fondos» son «de difícil o imposible localización por la agilidad en las transacciones internacionales y la libertad de movimientos que gozan los investigados». Esta afirmación es un claro dardo al magistrado de la Audiencia Nacional que dirige la causa, José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, al que le piden, sin citarlo expresamente, severas medidas cautelares.

La investigación la inició el anterior titular interino del juzgado, Pablo Ruz, en 2012, y los investigados tuvieron conocimiento de la misma en tiempo real por las filtración de la comparecencia de María Victoria Álvarez, expareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, cuyo testimonio en la Audiencia Nacional fue el detonante de las pesquisas judiciales.

El inspector jefe del Grupo encargado del caso sostiene que «debemos interpretar todos los movimientos acaecidos desde octubre de 2012 como los de una persona que tiene conocimiento de la investigación a la que está siendo sometido, pretendiendo, por un lado conferirse de cierta credibilidad y, por otro, procurar situar fuera del alcance de la justicia española el mayor montante de capitales que sea posible, para evitar su incautación como así ha sucedido».

Para poner su botín a salvo, el primogénito del expresidente de la Generalitat invirtió su ingeniería fiscal. Mientras hacía negocios con libertad, Pujol Ferrusola se dedicaba a introducir en España fondos procedentes de comisiones ilegales cobradas en el extranjero, previo blanqueo. Desde que se supo investigado, «Junior» comenzó a sacar el dinero de España. El informe es contundente: «Desde que se inició el procedimiento judicial los investigados habrían emprendido el proceso, contrario al seguido durante bastantes años antes, de introducir capitales blanqueados en nuestra jurisdicción, para empezar a sacarlos».

La sociedad troncal

Los agentes de la UDEF han llegado a estas conclusiones después de un exhaustivo escrutinio de los movimientos de la sociedad cabecera de Pujol Ferrusola, Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa), desde la que se ha producido el «alzamiento de bienes» con una mecánica que pretende «dotar de cierta lógica empresarial a los movimientos, para que no sea tan evidente la intención espuria y criminal». El informe define estas prácticas como un «proceso de contabilidad creativa o maquillaje contable».

La UDEF encuentra el paradigma de esta mecánica en las operaciones de hizo Pujol Ferrusola en México en el año 2014, relativas a su participación, con dos socios -Rafael R. Aragonés y Sergio Kam Okon-, en la construcción del hotel El Encanto, en Acapulco. El investigado se hizo con una sociedad mexicana, Ecrem, a través de su mercantil troncal, Imisa, en el año 2006. Ecrem se hizo con una parte del proyecto gracias a 1,5 millones de dólares que Pujol Ferrusola y su esposa pusieron con «dinero personal suyo», según declararon al juez, y otros 2,3 millones de dólares «a través de un crédito concedido por un amigo suyo, de nacionalidad mexicana y nombre Bernardo Domínguez Moreno».

La UDEF no ha localizado el origen de esos 1,5 millones de euros, mientras que sospecha que el préstamo, que se amplió luego en otro millón de dólares, es ficticio. Pujol Ferrusola se lo habría prestado a sí mismo a través de un prestamista testaferro.

El préstamo de 2,3 millones de euros desapareció del balance de la empresa de Pujol Ferrusola dándose por amortizada la deuda, «si es que en algún momento realmente existió tal deuda». En enero de 2014, Imisa firmó un contrato «para dar un sustento documental a unas supuestas deudas generadas como consecuencias de transferencias que datan de comienzos del año 2009». La UDEF apunta a que Pujol Ferrusola se refería a «supuestos contratos que no existen, o al menos no están en la documentación facilitada o intervenida, y que de hecho si existieran, pareciera redundante reconocer nuevamente esas deudas en otro».

Así, el 29 de julio de 2014, «Junior» usó su sociedad mexicana, Ecrem, «para evadir capitales con el procedimiento judicial bastante avanzado». El primogénito del clan hizo dos transferencias a Ecrem de 1,7 millones y de 282.934 euros desde una cuenta de otra de sus empresas españolas, Active Translation.

Un día después, el mayor de los Pujol Ferrusola transfirió otros 2,44 millones a otra mercantil mexicana, Anzuelos Soluciones, desde Andorra. Ambas operaciones, que suman los alrededor de 4,5 millones evadidos, se hicieron pasar por «devolución de préstamos» que la UDEF califica como ficticios.

Fuente: ABC