Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia Nacional

Un informe de la UDEF presentado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acredita que el origen de la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola está en el cobro de comisiones ilegales mientras su padre presidía la Generalitat. Lo investigado hasta la fecha versa sobre los alredededor de once millones de euros que el primogénito del clan facturó a contratistas públicos cuando gobernaba el tripartito, una etapa en la que es complicado acreditar el tráfico de influencias, sin CiU ni su padre en el poder. Pero, para contextualizar las prácticas corruptas, la Policía Judicial ha excrutado el periodo 1998-2003, los últimos años del «president» Pujol.

Es un periodo que estaba fuera de la investigación por «prescripción fiscal», pero «esta Instrucción Policial ha considerado siempre relevante ubicar el origen de los capitales previos, a los efectos de determinar su vinculación con actividad criminal», según recoge el informe, al que ha tenido acceso ABC y que fue entregado al juez a finales del pasado octubre.

Gracias a los libros de contabilidad entregados por la gestoría de Jordi Pujol Ferrusola, la UDEF ha podido acreditar que en los citados seis años la sociedad cabecera de «junior», Iniciatives Marketing i Inversión S.A. (Imisa), cobró al menos 5,36 millones de euros de más de una decenas de empresas a cambio de favores políticos.

La UDEF llega a la conclusión de que una buena parte de los proyectos públicos de la Generalitat presidida por Jordi Pujol pasaban, en lo económico, por las manos de su primogénito: «Resulta bastante sintomático de estas informaciones el proceder de JPF, que no trabajaba ni dependía de la administración autonómica, pero era una figura esencial en todo lo que tenía que ver con proyectos económicos».

Catorce sociedades

Los agentes de la Policía Judicial citan catorce sociedades o grupos sospechosas de haber abonado cantidades concretas a Pujol Ferrusola a cambio de favores políticos. Favores que al menos en una ocasión habría hecho Artur Mas en su etapa como «conseller en cap», es decir, número dos de su padre (ver información bajo estas líneas), con el que «junior» intercedió a favor de un empresario, Salvador Heras. Éste le pagó casi 90.000 euros y la Udef lo tiene claro:«Los pagos canalizados a través de Salvador Heras no serían sino capitales procedentes de terceros, para devengar comisiones ilícitas en favor de Jordi Pujol Ferrusola por ejercer de “dinamizador económico”».

Los agentes de la Policía Judicial al servicio del Juzgado Central de instrucción número cinco no se creen que el hijo del entonces máximo mandatario de Cataluña realizara tareas efectivas, trabajos de consultoría, sino que se limitaba a vender sus influencias políticas. Solo y también en compañía de un socio, Jordi Puig, hermano del destacado político de CiU Felip Puig, que fue consejero en los gobiernos de Jordi Pujol y Artur Mas:«Como cuestión inicial, llamaba poderosamente la atención que empresas internacionales con unos recursos humanos y materiales tan importantes, requieran de asesoramiento de ciudadanos españoles para que se les adjudiquen proyectos en el exterior, especialmente cuando estos, como es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés, aparentemente carecen de la formación necesaria en materia de ingeniería o arquitectura civil de cualquier tipo».

Entre los pagadores «históricos» de Jordi Pujol Ferrusola aparecen otros empresarios ya investigados en el caso, como la familia Sumarroca o el grupo Copisa. El informe también destaca como elemento de «criminalidad» los pagos extraordinariamente puntuales que recibía Pujol Ferrusola, como los efectuados por la sociedad Spinta. Esta mercantil pagaba a Imisa «el mismo día de expedición de la factura, llegando incluso a anotarse antes de expedir la factura el cobro, aún a pesar de lo cual no se contempla como un anticipo». Detrás de Spinta está Xavier Plana, descrito como «fiduciario de JPF, coadyuvando a canalizar los fondos que éste posee con procedencia ilícita al extranjero».