Carles Puigdemont y Carme Forcadell

El Departamento de Justicia pagará 14 euros adicionales por actuación a los abogados de oficio que presenten sus escritos en catalán. Se trata de una prueba piloto que se desplegará en el 2017, en el marco de un acuerdo que la Generalitat firmará con el Consejo de la Abogacía Catalana para impulsar el uso de la lengua, según ha aprobado hoy el Consejo Ejecutivo.

A esta prueba piloto se podrán acoger voluntariamente todos los abogados que presente servicios de asistencia jurídica gratuita a Catalunya. El objetivo, ha destacado el Govern, es incrementar la presencia de la lengua catalana en las demandas, recursos, apelaciones y notificaciones judiciales, en un momento en que el uso del catalán a la justicia ha descendido por décimo año consecutivo.

Los letrados que decidan participar en esta prueba piloto, informarán a sus clientes sobre el derecho a dirigirse a la justicia en catalán. Si finalmente los escritos se presentan en esta lengua, los abogados de oficio recibirán una compensación de 14 euros adicionales. La medida cuenta con un presupuesto de 915.000 euros para 2017.

La iniciativa se pone en marcha después de constatar que en 2015 sólo se dictaron en catalán el 8,4% de las sentencias. Según los datos recogidos por el Departamento de Justicia, la cifra significa un descenso por décimo año consecutivo, desde que el año 2006 el uso del catalán era del 18,1%. Por demarcaciones, el peor dato registrado en el 2015 es el del Campo de Tarragona, con un 3,6% de sentencias en catalán, mientras que el mejor porcentaje es el de Girona, con un 16,7%.

Recomendaciones europeas

Por otra parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha emitido este año una recomendación que ha dirigido al Gobierno en relación a la aplicación de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias. En concreto, sugiere que “se intensifiquen las medidas prácticas destinadas a garantizar la adecuada presencia de las lenguas cooficiales a la Administración del Estado”.

Estas recomendaciones siguen la línea del informe del Comité de Expertos, donde se subraya que las autoridades judiciales, civiles y administrativas tendrían que llevar a cabo los procedimientos en catalán, si una de las partes uno pide. El mismo informe también pide aumentar la proporción de jueces y fiscales que utilicen el catalán como lengua de trabajo, si bien actualmente el conocimiento de esta lengua es un mérito, y no un requisito para acceder a trabajar a la Administración de Justicia en Catalunya.