Es de gran importancia percatarse que, cada vez que se dice que el aparato estatal debe hacerse cargo de dolencias varias de la población más necesitada, esto debe reemplazarse por la precisión de que dichos recursos son los del vecino, puesto que ningún gobernante financia de su peculio nada (más bien, en gran medida, se los lleva).

Como bien escribe John Chamberlain en el ensayo titulado La enfermedad de la medicina socializada, quienes sostienen que no debe sustraerse compulsivamente el fruto del trabajo ajeno son “monstruos morales”, sin percatarse —prosigue el autor— de los altos costos y servicios que se producen cuando los incentivos no están alineados con la eficiencia, cuando el bien es “de todos”, con lo que se genera “la tragedia de los comunes”; y que no hay tal cosa como un servicio gratuito (además, como queda dicho, de los cuantiosos recursos robados, que es lo que le hace decir a Milton Friedman en su trabajo sobre seguridad social de 1972, junto a Wilbur J. Cohen: “Los programas estatales de asistencia a los pobres son un fracaso, a los que se agrega el fraude y la corrupción”).

En este clima, son muchísimos los médicos, las enfermeras, los enfermeros, personal administrativo y de limpieza que se desviven por proporcionar buenos servicios, pero finalmente prevalecen los fuertes incentivos perversos que ocurren en sistemas politizados y ajenos a la excelencia, que terminan en que, en los emprendimientos estatales que pueden llevarse a cabo por privados, la atención es de mala calidad, en el contexto de faltantes de insumos elementales y descoordinaciones esenciales, del mismo modo que ocurre en cualquier empresa estatal propiamente dicha.

La alimentación tiene prelación al cuidado de la salud, puesto que sin alimentación no hay vida ni sentido a la atención médica, pero nadie en su sano juicio propondrá que el aparato estatal se ocupe de la agricultura y la ganadería, puesto que es segura la hambruna. Lo mismo ocurre cuando el Leviatán se ocupa de la salud, situación que en general brinda espectáculos bochornosos. Sin llegar al espanto de la Unión Soviética y equivalentes, los países nórdicos tuvieron que ir abandonando experimentos estatales en el campo de la salud porque los pacientes se mudaban a otros países para atender sus dolencias, tal como lo atestiguan numerosos trabajos (por ejemplo, Sweden’s Paradise Lost: The Decline of Swedish Welfare State, de Eric Brodin).

En una misma línea argumental, debe tenerse muy presente que las cargas tributarias de los contribuyentes de jure en definitiva recaen sobre los más necesitados, puesto que la correspondiente merma en la inversión se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales. En otras palabras, el espejismo de “pagan los ricos” no deja ver que el costo mayor recae sobre los relativamente más pobres, vía la referida reducción en sus salarios.

Y no se diga la torpeza de que el camino fiscal para financiar la salud es una manifestación de solidaridad, porque ello implica denigrar la idea de caridad, ya que implica entregar recursos propios, de modo voluntario y, si fuera posible, de manera anónima.

Si se presta la debida atención, antes de la irrupción del mal llamado Estado benefactor (el uso de la fuerza no es beneficencia sino un atraco), resaltaban extraordinarias obras filantrópicas por parte de sociedades de inmigrantes, montepíos, cofradías, asociaciones religiosas de ayuda, socorros mutuos y notables aportes individuales. Incluso en el caso argentino constituye un ejemplo de solidaridad y eficiencia el apoyo a desvalidos, huérfanos y viudas la organización de los indios mapuches. Por su parte, también en el caso argentino, en la cobertura para problemas de salud, los inmigrantes invertían sus ahorros en terrenitos y departamentos de los que fueron despojados por las leyes peronistas de alquileres y desalojos.

Es como ha escrito Adam Ferguson en 1767, en A Histoy of Civil Society (en concordancia con lo expresado por Adam Smith en las primeras líneas de The Theory of Moral Sentiments): “Por su parte, el término benevolencia no es empleado para caracterizar a las personas que no tienen deseos propios; apunta a aquellas cuyos deseos las mueven el procurar el bienestar de otros”.

Hay un estrecho correlato entre las obras de caridad y la libertad. En una sociedad abierta, si se pregunta dónde se ocupan sin contraprestación monetaria de personas con pocos recursos y con una enfermedad extraña, es seguro que se encontrará. Sin embargo, eso no ocurre en sistemas totalitarios, donde los aparatos estatales teóricamente se ocupan pero, en verdad, a los que, por ejemplo, tienen problemas oculares, cuando les toca el turno, están ciegos, y así sucesivamente (no hay más que constatar las pocilgas horrendas que se dicen hospitales en Cuba, donde, como explica la neurocirujana cubana Hilda Molina, la atención se limita a turistas amigos del régimen en el contexto de una politización y una degradación mayúsculas).

Por ello es que se explica en detalle, en la colección de ensayos de médicos que reúne Helmut Schoeck en Financing Medical Care, que los países escandinavos tuvieron que abandonar la politización de la medicina (en momentos de escribir estas líneas nada menos que en lo que era el baluarte del mundo libre —Estados Unidos— se publican ríos de tinta explicando los graves desaciertos del sistema autoritario y empobrecedor de salud promovido por el actual Gobierno, que incluye el flagrante desconocimiento de las implicaciones actuariales en el campo de los seguros, al imponer la obligación de aceptar pacientes que no han aportado al sistema).

Este es el sentido del extenso ensayo del médico Charles G. Jones que publica sobre “La medicina gratuita obligatoria”, insertado en una serie de estudios exhaustivos compuestos por veintitrés profesionales, la mayoría médicos, reunidos por la Foundation for Economic Education de New York en un volumen bajo el título general de Politicized Medicine.

Las mutuales de medicina o prepagas se encuentran en serias dificultades allí donde el aparato estatal se entromete en la relación paciente-médico, junto a los enormes desajustes que se generan al pretender controlar precios, lo cual también desarticula toda la secuencia de inversiones en equipos y pagos a los facultativos y los investigadores.

Cuando era rector de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), organizamos un seminario sobre la socialización de la medicina patrocinado por la Academia Nacional de Ciencias Médicas, representada por el doctor José Rivarola y por Medicus, representado por el doctor Enrique Braun, dirigido principalmente a médicos, en cuyas sesiones se detallaron los costos enormes del sistema y las deficiencias del servicio, junto a los consiguientes análisis económicos que subrayaron el tema de los antedichos incentivos perversos de las administraciones, por más buena voluntad de la gran mayoría de los médicos y las enfermeras, muchos de los cuales entregan atenciones profesionales sin cargo haciendo honor a la tradición de la generosidad hipocrática.

También en ese seminario se mostraron las tremendas dificultades que presentan las llamadas obras sociales sindicales, que bloquean toda posibilidad de competir por parte de extraños al sistema cerrado impuesto por esas obras, lo que naturalmente se prestan a todo tipo de maniobras y de corrupciones, además de que los aportes compulsivos para financiarlas son a través de retenciones obligatorias a todos quienes trabajan en relación de dependencia y con servicios monopólicos forzosos, que naturalmente desembocan en que resulten pésimos. Me constan los esfuerzos reiterados de mutuales de medicina por expandir sus servicios a personas de ingresos reducidos que fueron una y otra vez rechazados por gobiernos para ganarse el favor de dirigentes gremiales que en la Argentina operan bajo la ley fascista de asociaciones profesionales y convenios colectivos que, desde que se implantó, en 1946, no ha sido abrogada.

El asunto central consiste en comprender que la incorporación de las personas en grupos que denominamos sociedad es para sacar provecho de la magnífica posibilidad de la cooperación social, la división del trabajo y las maravillas de las relaciones interindividuales, sean estas amorosas, comerciales, filantrópicas o cualquier vinculación que los participantes estimen pertinente, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. Pero no es para estar esclavizado por el Leviatán ni los que permita este aparato nefasto por parte de atropellos de otros. La sociedad se hace insoportable cuando se convierte en un gran círculo en el que cada uno tiene metidas las manos en los bolsillos de los vecinos.

Todos descendemos de las cavernas y la miseria, la forma de progresar no es atacar la propiedad de otros, sino abrir los cauces para maximizar las tasas de capitalización al efecto de optimizar los ingresos de la gente, muy especialmente de los más indefensos y necesitados, lo cual requiere de marcos institucionales civilizados.

La cuestión entonces no es prenderse de un micrófono y usar hipócritamente la tercera persona del plural, sino la primera del singular, “put your money where your mouth is”. Si nos preocupan los más necesitados, ayudémoslos sea materialmente o estudiando y difundiendo sistemas que ayudarán decisivamente a los relativamente más pobres por aquello de que “es más efectivo enseñar a pescar que regalar un pescado”.

Ahora bien, es un lugar común (y cierto) que en política se hace lo que se puede, lo cual equivale a decir que el político sólo puede articular un discurso que la opinión pública puede digerir, de allí la importancia suprema de la educación. De cualquier manera es posible vender todos los entes estatales de salud (eventualmente a los que al momento los gestionan, puesto que los incentivos cambian al instante respecto a la atención y al cuidado de recursos y se dejan de lado las pujas políticas) y liquidar reparticiones oficiales tales como bienestar social y sandeces equivalentes. Transitoriamente, mientras esto ocurre, puede recurrirse a los vouchers de salud, esto es, para que todos los que tienen al momento problemas de salud verificados y no pueden afrontar los gastos necesarios. Esto pone en evidencia el non sequitur, es decir, del hecho de que transitoriamente se acepte que la salud debe financiarse por terceros (aun con todos los efectos nocivos para otros pobres que se ven obligados a financiar, debido a la reducción en sus salarios, tal como consignamos más arriba), incluso contemplando este problema, de ello no se desprende que deban existir entidades estatales de salud. De lo cual no se sigue tampoco que médicos y enfermeras se abstengan de entregar voluntariamente, de modo parcial, horas de trabajo sin cargo, como es la tradición en países libres, en un contexto en el que la sociedad abierta minimiza los casos en los que no pueden sufragarse mutuales para atender la salud.

Los hospitales y los servicios sin cargo no son para nada exclusividad de los aparatos estatales; originalmente eran todos privados y administrados por comunidades parroquiales, asociaciones filantrópicas y fundaciones empresarias. Luego, la aparición del ogro filantrópico monopolizó la faena, al tiempo que muchos privados sostienen que no quedan recursos después de presiones tributarias galopantes, e incluso, luego de tanta propaganda, hay quienes se convencen de que la tarea es patrimonio del gobierno.