Parte de los botes de tinta incautados por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha intervenido 98 botes de tinta sin homologar en varios establecimientos dedicados a realizar tatuajes en la provincia de Valencia. La mayor parte de este material es de una marca cuyo contenido esta declarado como un riesgo para la salud, al contener tintes azoicos que liberan aminas aromáticas clasificadas como sustancias cancerígenas, informa la Benemérita en un comunicado.

En el marco de la operación ‘INK’, la Guardia Civil ha podido intervenir 98 botes de tinta sin homologar. El operativo ha sido desarrollado por miembros de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Sagunto, entre los meses de septiembre y octubre con inspecciones en diferentes establecimientos dedicados a la actividad del tatuaje en la provincia.

En las inspecciones, los agentes localizaron en las zonas de trabajo de los tatuadores, un total de 92 botes de tinta no homologados para utilizar en personas, de los que 74 de ellos tenían una capacidad de 29,6 ml, otros 18 botes con capacidad de 59,2 ml y todos ellos habían sido utilizados, sin que se haya podido determinar si fueron empleados en tatuajes de personas.

Igualmente se intervinieron otros 6 botes de diferentes tamaños (entre 30 y 100 ml), que contenían tinta de tatuaje, que se encontraban sin etiquetar, por lo que no se ha confirmado su origen o marca. En total, 98 botes fueron intervenidos e inmovilizados en los distintos establecimientos a disposición de las autoridades sanitarias de la Generalitat Valenciana.

Las tintas intervenidas, están declaradas como un riesgo para la salud, al contener tintes azoicos que liberan aminas aromáticas clasificadas como sustancias cancerígenas, y por lo tanto no tener la preceptiva autorización de la “agencia española de medicamentos y productos sanitarios”, para su comercialización en España, todo ello según se especifica en nota de seguridad ref. 012/julio 2010, de 27 de julio, de la citada agencia, y nota informativa de fecha 16/04/2008, en la que se comunicaba el cese de la comercialización y retirada del mercado.

Los agentes procedieron a levantar actas-denuncia por varias infracciones al Decreto 83/2002, de 23 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las normas que rigen la práctica del tatuaje, la micropigmentación, el piercing u otras técnicas similares, así como los requisitos para la autorización y funcionamiento de los establecimientos donde se practican estas técnicas.