La Cámara de Cuentas destaca que la siniestralidad empeoró en 2013 y 2014, aunque el órgano de la Junta gastó casi íntegras las indemnizaciones por ir a reuniones.

Dependiente de la Consejería de Empleo, fue creado en 2006 con la triple misión de «fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de las mismas» con carácter especial en pymes, trabajadores autónomos y sectores con mayor riesgo de siniestralidad.

Según recoge el informe de fiscalización de determinadas áreas del citado ente de la Junta de Andalucía , en 2013 y 2014 (los ejercicios analizados) «tanto los índices de incidencia de los accidentes de trabajo como el de enfermedades profesionales en Andalucía han empeorado ligeramente».

Los auditores ponen de manifiesto que el mayor grado de ejecución del presupuesto del instituto corresponde siempre a la partida reservada para indemnizar a los representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Durante 2013 este órgano, que cuenta con nueve funcionarios adscritos, se gastó el 92 por ciento de la cuantía existente en las cuentas (408.000 euros) y, al ejercicio siguiente, alcanzó el 83 por ciento de la partida asignada a este concepto, lo que representa un tercio del presupuesto de gastos en dichos ejercicios.

El elevado nivel de ejecución presupuestaria en las indemnizaciones por acudir a las reuniones contrasta con el bajo grado de cumplimiento de las acciones que tiene encomendadas el instituto para prevenir la siniestralidad laboral y que justificarían su creación.

La Cámara de Cuentas observa que el organismo, que en los ejercicios analizados dependía de los consejeros Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, presenta un grado de ejecución «muy bajo» en lo que respecta al único programa específico que promueve, el 31O, destinado a la prevención de riesgos laborales. Apenas se gastó el 16,8 por ciento de los 6,8 millones previstos en 2013 y un 18,7%, en 2014.

A la vista de las cifras de siniestralidad, el órgano fiscalizador afirma que «la actividad desarrollada efectivamente por el IAPRL durante los ejercicios 2013 y 2014 difícilmente ha podido tener un impacto significativo en esta evolución si se consideran tanto la magnitud de la ejecución presupuestaria como los indicadores de cumplimiento del programa 31O». Por otro lado, el grado de recaudación de las sanciones impuestas a entidades infractoras «no supera el 40 por ciento» en el citado bienio.

El estatuto del instituto garantiza el a los agentes sociales y empresariales el cobro de indemnizaciones por su representación en la Comisión Permanente del Consejo General del organismo donde se sientan dos de la patronal andaluza y otros dos de las organizaciones sindicales.

En concepto de dedicación y asistencia a los órganos colegiados, la citada comisión aprobó el 18 de febrero de 2013 una asignación económica de 408.000 euros repartidos de la siguiente forma: 204.000 euros para la CEA y 102.000 euros a cada uno de los dos sindicatos: CC.OO. y UGT. Los pagos no van acompasados con el calendario de reuniones: «Se ha comprobado que se realiza una transferencia bancaria de la totalidad de la asignación de cada ejercicio».