Varios ancianos toman el sol.

El Imserso obvió la capacidad económica de los mayores a los que concedió sus viajes sin concretar además los requisitos de acceso y su forma de acreditación, y tampoco comunicó al BOE ni a la Comisión Europea la adjudicación de los contratos de su programa de balnearios para la tercera edad.

Así lo desvela el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Imserso en el ejercicio de 2014, en el que detalla el incumplimiento de este organismo del seguimiento y control de los mismos.

La mayor parte de las incidencias cometidas esa temporada por el Instituto, entonces dependiente del Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato, se concentran en su programa de viajes, aunque también hay otras en el de termalismo y en el de atención a personas mayores y con discapacidad.

De esta forma, denuncia que pese a que la capacidad económica es uno de los baremos para elegir a los beneficiarios, todos los mayores que disfrutaron de un viaje del Imserso o de una estancia en un balneario pagaron lo mismo con independencia de su poder adquisitivo.

Por ello, le invita a analizar la posibilidad de implantar medidas que faciliten la participación de aquellos que por su renta deben renunciar a ambos programas.

En el caso concreto del de viajes, el Tribunal advierte de que las Comisiones especiales del Consejo General del Imserso, encargadas de su seguimiento y control, “no se reunieron con la periodicidad ni con la composición requerida legalmente”.

No solo eso, sino que los hoteles participantes se limitaron a dar a estas comisiones el número de trabajadores contratados pero sin identificarlos, por lo que ha sido imposible “comprobar la veracidad” de esa información.

También ha constatado diferencias en la información sobre el número de participantes y la escasa actualización de las bases, lo que le lleva a concluir que la entidad gestora no efectuó un “control y seguimiento exhaustivo” de los datos que ofrecía la empresa adjudicataria.

Además, explica que entre las cláusulas del programa se incluye un régimen especial de penalizaciones en caso de que la empresa adjudicataria incumpla sus obligaciones, pero sin el “detalle suficiente” que permita aplicarlas de forma “inequívoca”

Mientras, en su Programa Estatal de Termalismo aun “subsisten determinados incumplimientos”, como el de no comunicar al BOE la formalización de los contratos por importe igual o superior a 100.000 euros ni sus prórrogas.

Algo que, aunque “no contraviene la legalidad”, considera aconsejable en aras de los principios de publicidad y transparencia promulgados por la Ley de Contratos del Sector Público.

Lo que sí la contravino, por el contrario, es no haber comunicado a la Comisión Europea para su publicación en el Diario Oficial de la Comisión Europea los que excedieron los 193.000 euros.

En este programa tampoco se identificaron a los empleados ni se hizo un seguimiento efectivo de las contrataciones, ni se estipularon unos requisitos mínimos que acreditasen la solvencia económica, financiera y profesional de las empresas adjudicatarias, acreditación que fue realizada de un “modo subjetivo”.

Respecto a los Programas de atención a personas mayores y personas con discapacidad, añade que el Instituto no cumplió de forma adecuada con la supervisión, seguimiento y control de una correcta ejecución de los contratos de servicios, así como los conciertos y convenios de colaboración para la reserva y ocupación de plazas residenciales.