Francina Armengol

Al igual que en el sistema educativo, la imposición del catalán en la administración pública se incrementa, aún más si cabe, con medidas de presión hacia los funcionarios para que usen únicamente este idioma. Entre las órdenes se encuentra la obligación de emplearlo para comunicarse en sus «relaciones internas y externas», respetar el modelo estándar en detrimento de las variedades lingüísticas insulares, y asegurar el derecho de los ciudadanos de ser atendidos en catalán, oralmente y por escrito.

Cuenta El Mundo que el Govern que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de los nacionalistas de Més y su socio externo, Podemos, ha enviado una circular a «todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma» con el objetivo de «asegurar el uso de la lengua catalana y garantizar la corrección y la calidad lingüísticas de los textos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» e informar del marco jurídico legal.

La carta, enviada el pasado 1 de septiembre, está firmada por la directora general de Política Lingüística (Més), Marta Fuxá, y el director general de Función Pública, Pedro Jiménez (PSOE), y en ella se pide la «implicación» de todos los funcionarios en el uso del catalán. Explica que «mientras no se despliegue el artículo 9 de la Ley de Normalización Lingüística de Baleares», la Administración pública balear debe regirse por una serie de pautas. La primera de ellas, «asegurar el uso del catalán en las relaciones internas y externas» sin dar cabida al castellano, y garantizar el correcto uso del catalán estándar.

En segundo lugar, limita el derecho de opción lingüística de los usuarios, ya que se centra en garantizar «el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán», así como asegurar el uso de esta lengua en las actuaciones y procedimientos administrativos.

En cuanto al modelo lingüístico, se proscribe el uso del mallorquín, menorquín e ibicenco, y sólo permite el uso del catalán estándar. Para evitar salirse del modelo deseado, indica a los funcionarios que deber remitir los textos a los asesores lingüísticos para ser revisados. Cada conselleria, recuerda, dispone de al menos una persona que «vela por la corrección y calidad lingüísticas de los textos». Los asesores lingüísticos, responsables de comunicación y de las web «deben realizar funciones de control» para que las órdenes de la circular se cumplan.

La circular también se refiere a las empresas publicitarias, a quienes obliga a «asegurar el uso del catalán en las campañas de publicidad e institucionales» y les pide «velar para que las empresas de publicidad adjudicatarias cumplan con el contenido de dicha circular».

En el apartado de legislación, la notificación recuerda a los funcionarios el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares que dice que el catalán tiene, juntamente con el castellano, el carácter de idioma oficial. La ley recoge la obligación de las instituciones de Baleares de garantizar «el uso normal y oficial de los dos idiomas» (…) y crear las condiciones que permitan llegar a la «igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos baleares». Sin embargo, las órdenes del Govern en materia lingüística no hacen ni una sola referencia al castellano, ni tampoco se preocupan por el fomento de su correcto uso ni garantiza el derecho de los castellanohablantes a ser atendidos en su lengua.

Desde la Fundación Círculo Balear (FNCB), defensora del bilingüismo en Baleares, consideran que estas indicaciones a los funcionarios contravienen la legalidad y recomienda que no las cumplan. Lo natural es que «utilicen normalmente cualquiera de las dos lenguas oficiales», apunta.

«Es evidente que con las órdenes que se contienen en esta circular se está coaccionando a los funcionarios públicos para que usen sólo el catalán, llevando a la práctica la ideología totalitaria del actual gobierno autonómico», critica la entidad. «Es tal su fanatismo que prefieren imponer el idioma que tienen que utilizar los funcionarios para trabajar o comunicarse entre ellos aunque esto suponga entorpecer su labor o vulnerar sus derechos lingüísticos, además de incitar a responder sólo en catalán a los ciudadanos», lamenta el presidente de la FNCB, Jorge Campos.

En su opinión, la notificación olvida que catalán y español son lenguas oficiales de Baleares que deben tener un uso normal por parte de la Administración, al igual que al prohibir cualquier uso de las modalidades lingüísticas baleares, están contraviniendo el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, «algo habitual por otra parte», se queja. Subraya, además, que la circular parte de una «concepción constreñidora», dado que no reconoce el carácter del español como lengua oficial y como tal lengua de uso normal en la Administración y «está limitando el derecho de opción lingüística de los usuarios».

Las directrices enviadas a los funcionarios siguen la senda marcada por el nuevo plan de política lingüística aprobado recientemente para fomentar o exigir el uso del catalán en todos los ámbitos en Baleares. Este plan incluía 136 medidas, obligatorias incluso para las empresas privadas, encaminadas a solventar el «problema» de la escasa «infidelidad lingüística», Preveía exigir el título de catalán al personal nuevo de las empresas privadas y ventajas fiscales para las que cumplieran con el «requisito del catalán» e, incluso, contemplaba vetos lingüísticos para conceder licencias de apertura de negocio. Tras la publicación de la noticia y la polémica suscitada, Armengol dio marcha atrás en la intromisión de la gestión del sector privado, ya que algunas voces apuntaban que era ilegal.

La circular

-Uso interno y externo. Asegurar el uso del catalán en las relaciones internas y externas, garantizando el correcto uso del catalán estándar.
-Atención al ciudadano. Garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán.
-Publicidad en catalán. Asegurar el uso del catalán en las campañas publicitarias e institucionales.
-Adjudicatarias. Velar para que las empresas de publicidad adjudicatarias cumplan con el contenido de dicha circular.