Una paciente, en la sala de espera de un hospital.

La protección de la figura de los médicos y su trabajo en pos de la salud pública es algo que el legislador se tomó muy en serio desde hace seis años. Fue entonces cuando los médicos y enfermeros fueron considerados por la ley como autoridades, lo que elevó hasta cuatro años la pena de prisión que podía recaer, por un delito de atentado a agente de la autoridad (confirmado en julio de 2015 por el Código Penal), a quien agrediera, amenazara o coartara el trabajo de estos profesionales. Pero como parte del trabajo de los jueces y los tribunales de justicia es interpretar la aplicación de la ley, cada cierto tiempo llegan nuevas resoluciones que refuerzan aún más si cabe la protección sobre estos profesionales.

Agredir a un médico, incluso fuera del ámbito en el que realiza su labor (hospital, centro de salud…), cuando el acusado conoce cuál es la labor que realiza la víctima, se pena como un atentado. Esa es la decisión judicial, pionera en España, que ha tomado el juzgado de lo penal número 10 de Valencia.

En este caso, la agresión al médico, defendido por el bufete Fornes Abogados, se produjo en los juzgados de Requena, mientras que la víctima era facultativo del centro de salud de Ayora. El ataque se produjo a mediodía del 24 de noviembre de 2011. El acusado, un hombre de 49 años, iba a declarar en las diligencias abiertas tras la muerte de su hija, de 11 años, a causa de una peritonitis severa y un shock séptico. El fallecimiento ocurrió tras ser atendido en el centro de salud y los padres de la menor culpaban al facultativo de lo ocurrido. La causa contra el sanitario por la muerte de la menor acabaron archivadas y sin apreciar responsabilidad penal en la actuación del galeno.

Pero aquella mañana, tras su comparecencia en el juzgado, se inició otra causa penal. Cuando el médico salía del juzgado, el procesado se abalanzó sobre él, le empujó, lo tiró al suelo y le espetó: «Este es el principio de tu fin». El sanitario sufrió contusiones varias y, sobre todo, una severa depresión que lo tuvo varios meses de baja.

Fiscalía y acusación

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de Fornes Abogados calificaron los hechos como un delito de atentado, con una petición de hasta dos años y medio de prisión. El dictamen del juzgado de Valencia no arroja duda alguna sobre la naturaleza del ataque sufrido por el facultativo: «Es evidente que la agresión de que fue objeto en las dependencias de los juzgados de Requena partía de su condición de médico de la Agencia Valenciana de Salud».

La resolución recuerda cómo fue la atención que el médico prestó a la menor fallecida, «en su condición de funcionario público», la que desencadenó el ataque por parte del acusado, «buscando algún tipo de explicación o respuesta hacia la trágica muerte de la menor».

La sentencia impuso un mes y 15 días de cárcel al procesado, además de una indemnización de algo más de 1.600 euros a la víctima. La pena quedó ostensiblemente rebajada por la atenuante «muy cualificada de estado pasional» del procesado, arrastrado al ataque por el drama sufrido con su hija, así como «dilaciones indebidas», por los casi cinco años transcurridos desde que se produjo el caso hasta que se dictó la sentencia por el juzgado.

No es la única sentencia pionera relacionada con las agresiones a facultativas surgida recientemente en la Comunitat. Otra de carácter novedoso (sólo tiene un precedente anterior en Murcia) consideró autoridad, y por tanto víctima de un delito de atentado, a un celador de Alicante.

La agresión en este caso se produjo en agosto de 2014 en el centro de salud Santa Faz. El procesado, «molesto por cómo un celador trataba a su hermano», se encaró con el facultativo y le espetó: «Si le pasa algo a mi hermano, te mato». Según añade el relato de hechos probados de la sentencia del juzgado de lo penal número ocho de Alicante, confirmada luego por la Audiencia, el acusado forcejeó con el auxiliar y llegó a exhibir un objeto punzante.

Médicos y farmacéuticos

La resolución repasa cómo, hasta el momento, la legislación y la jurisprudencia conceden la condición de autoridad a «médicos, enfermeras y farmacéuticos», pero estima el fallo que la realización de «funciones públicas», la base de considerar a un profesional como autoridad, es un «criterio de gran amplitud». Y además de médicos, enfermeras o farmacéuticos, la sentencia estima que el celador «ostentaba en el momento de los hechos, y al prestar su servicio público a una entidad pública, la condición de funcionario. El acusado sabía de tal condición del perjudicado y le amenazó en relación con el desarrollo de sus funciones», con lo que el juzgado estima acreditada su condición de autoridad. En este caso, la pena que recibió el autor de la agresión fue de 16 meses de cárcel.

El pasado mes de marzo, médicos y enfermeras levantaron la voz para denunciar el aumento de las agresiones a facultativos. Los profesionales sanitarios exigieron soluciones y entre estas incluyeron contar con mayor apoyo de la Administración para afrontar la situación. Como publicó LAS PROVINCIAS, el Colegio de Médicos de Valencia, tras realizar estas consideraciones, instó a la Administración a potenciar los controles de seguridad.

Desde Csif también se dirigieron al Consell. Apuntaron en la dirección de que la Conselleria de Sanidad denuncie de oficio ante Fiscalía cualquier ataque físico o verbal que sufra un trabajador de su área. Consideraron que debe haber «tolerancia cero» por parte de la Justicia «ante cualquier agresión a personal sanitario».