El ex delegado de empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, procesado por el fraude en la formación

De una parte, como representante de la empresa, Rosario Pérez Palanco, y, de otra, Rosario Pérez Palanco como particular, acuerdan mantener una relación laboral en la que Rosario Pérez Palanco asume las funciones de monitora de dos cursos de «Adornista textil» y «Modisto/Modista», subvencionados por la Junta de Andalucía. Éste es el insólito contrato mercantil de prestación de servicios que realizó Charo Palanco S.L., una empresa de confección de prendas de vestir cuya administradora única es Rosario Pérez Palanco que se contrató a sí misma con cargo a la Junta. La sociedad, con domicilio social en la localidad onubense de Nerva, recibió una ayuda de 115.200 euros el 21 de febrero de 2011 para impartir los citados cursos mediante una resolución de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Casi la mitad de la subvención (el 49,7 por ciento) fue facturada por la propia dueña de la empresa como servicios de docente, «mediante nóminas por un importe medio de unos 6.900 euros [al mes], es decir, 56.980 euros por las dos actividades». Así lo revela un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la citada sociedad que obra en poder del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva. El juez, que investiga el fraude de la formación en el marco de la «Operación Edu», ha archivado provisionalmente la causa contra esta empresa porque la cuantía recibida no supera el tope mínimo de 120.000 euros que marca el listón del fraude en el Código Penal.

No obstante, en el atestado de 25 páginas, la Policía enumera hasta 15 irregularidades en la justificación de la subvención, mientras que la Junta —acusada por la UDEF de «dejadez absoluta» en el control y supervisión de las ayudas— ha tramitado un expediente de reintegro.

Los investigadores no ocultan su asombro por el hecho de que la administradora de la sociedad realizara «un contrato de prestación de servicios consigo misma para la impartición de la docencia». La empresa entregó a la Administración autonómica ocho nóminas para justificar la ayuda, de las cuales siete están a su nombre y la última al de B.L.G., «sin que exista constancia, para ninguna de ellas, de la realización efectiva del pago y no pudiéndose acreditar su realización a precio de mercado», expone el informe policial.

Según consta en la ficha del expediente, ratificado por el interventor provincial de la Junta, «Rosario Pérez se imputa a sí misma como gastos de coordinación 11.440 euros sin aportar facturas de dicha coordinación ni acreditar la necesidad de la misma, si bien en la cuenta justificativa aparece como emitida el 27 de febrero de 2012, y contabilizada y pagada el 7 de febrero del mismo año». Este descuadre de fechas lleva a los investigadores a aventurar que dichos apuntes pudieron ser falsificados «con la única intención de desviar a su persona parte de la subvención concedida para la formación».

Versión de la empresa

Rosario Pérez se defiende de estas acusaciones argumentando que «en todo momento me limité a hacer lo que la Delegación de Empleo me iba marcando», pautas que hizo extensibles incluso al importe de las nóminas que cobraba. «Todo el dinero se ha gastado en el curso y no estaba compinchada con nadie ni hice nada que supiera que estaba mal», asegura a ABC, que contactó con la empresaria para recabar su versión. Pérez Palanco se muestra muy disgustada con la Junta de Andalucía y considera que «si había alguna irregularidad me lo tenía que haber dicho desde primera hora y no lo hizo». «La Delegación quiere recuperar un dinero a costa de cuatro desgraciados como yo», lamenta.